El 62° aniversario del Ejército de Liberación Nacional (ELN) transcurrió en medio de una escalada de violencia que dejó ataques armados, hostigamientos, amenazas a infraestructura pública y desplazamientos forzados en varias regiones de Colombia, según alertó la Defensoría del Pueblo. La entidad emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica los hechos de intimidación y afectación a la población civil atribuibles a ese grupo insurgente, los cuales se registraron durante la conmemoración de su fundación.
Los hechos más graves ocurrieron en el departamento del Cauca, donde más de 200 personas, pertenecientes a familias de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, en el municipio de López de Micay, fueron desplazadas forzosamente tras los ataques. En Risaralda, un uniformado resultó herido en el corregimiento de Santa Cecilia, mientras que en San José del Palmar se registró un ataque contra la estación de Policía y el batallón local. En Tadó, Chocó, la estación de Policía fue atacada con drones equipados con explosivos, una modalidad que se ha vuelto recurrente en las acciones del ELN.
En otros puntos del país, como Cali, una granada fue lanzada contra el CAI del barrio Alfonso López, aunque no detonó. En Arauca, los municipios de Saravena, Tame y Arauquita reportaron homicidios selectivos que las autoridades vinculan con el accionar del grupo armado. La Segunda División del Ejército Nacional, a través del Plan Ayacucho Plus, logró neutralizar siete acciones de proselitismo armado, mientras que en Guaitarilla (Nariño), Guainía y Sácama (Casanare) se identificaron banderas alusivas al ELN, aunque se descartó la presencia de explosivos.
Advertencias de la Defensoría y respuesta militar
La Defensoría del Pueblo advirtió que estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues ponen en riesgo a la población civil que nada tiene que ver con el conflicto. “Rechazamos los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62”, señaló la entidad en un comunicado oficial. Frente a la amenaza, el Brigadier General Néstor Fabián Nieto, comandante de la Trigésima Brigada, hizo un llamado a la colaboración ciudadana: “Su confianza y colaboración son fundamentales para anticipar amenazas y fortalecer la seguridad de la región”.
Las autoridades activaron protocolos de seguridad ante la aparición de cajas y cilindros con siglas del ELN en vías de Norte de Santander, especialmente en la ruta entre Pamplona y Saravena. Conductores de transporte público denunciaron la presencia de grafitis alusivos al grupo insurgente en la carretera que conecta Cúcuta con Tibú, una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados en el Catatumbo. En el departamento de Arauca, los municipios de Saravena, Tame y Arauquita fueron escenario de homicidios selectivos, mientras que en Chitagá y en la ruta Pamplona-Saravena se reportaron hostigamientos a las fuerzas de seguridad.
«Rechazamos los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62»
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
El aniversario del ELN, que cumplió 62 años de existencia, fue aprovechado por el grupo para desplegar una ola de propaganda armada y actos de intimidación en al menos diez departamentos. La Segunda División del Ejército reportó que sus efectivos neutralizaron siete acciones de proselitismo armado, evitando que los insurgentes lograran su objetivo de sembrar el miedo en las comunidades. A pesar de la respuesta militar, la Defensoría insistió en que la responsabilidad de proteger a la población civil recae en el Estado y pidió reforzar las medidas de prevención en las zonas más vulnerables.
El balance de la jornada deja un panorama preocupante para las comunidades rurales y urbanas que sufren el embate de la violencia. Mientras el Gobierno avanza en los diálogos de paz con el ELN, los hechos registrados durante su aniversario ponen en entredicho la voluntad del grupo insurgente de cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y ha solicitado a las autoridades locales y nacionales activar los mecanismos de asistencia humanitaria para los desplazados y las familias afectadas por los ataques.
