La defensa del general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque, solicitó formalmente la suspensión del proceso penal que se adelanta en su contra por presunto acoso sexual e incorporó 14 nuevas pruebas para buscar la preclusión de la investigación. La petición, radicada ante la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se conoció a finales de abril de 2026, cuando el proceso avanzaba en el Tribunal Superior de Bogotá, entidad que ejercerá funciones de control de garantías para la audiencia de imputación. A través de un memorial de 29 páginas, el abogado Jhonny Mercado González cuestionó la hipótesis de la Fiscalía, que vincula al alto oficial retirado con un presunto acoso sexual contra una funcionaria jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares.
En su solicitud, la defensa sostiene que las pruebas sobrevinientes desvirtúan los cargos formulados y apelan al principio constitucional de objetividad para que el ente acusador valore tanto las pruebas de cargo como las de descargo. Según el abogado Mercado González, “la imputación constituye un acto procesal válidamente realizado”, aunque la defensa busca anular el proceso al considerar que los elementos presentados demuestran inconsistencias en la reconstrucción de los hechos. Entre los argumentos, se menciona una certificación de la Escuela Superior de Guerra que indica que Zapateiro no asistió a la “Cátedra Colombia” del 16 de julio de 2021, actividad incluida por la Fiscalía en su línea de tiempo.
Nuevas pruebas y cuestionamientos a la evidencia digital
El memorial incluye declaraciones juramentadas de oficiales que, según la defensa, señalaron “no haber recibido instrucciones” del entonces comandante del Ejército para intervenir en procesos de selección, lo que contradice la hipótesis del acoso. Además, la defensa presentó un auto inhibitorio emitido en una actuación disciplinaria relacionada con una de las denunciantes, lo que, a su juicio, debilita la acusación. También se cuestiona la validez de la evidencia digital —principalmente mensajes de WhatsApp— por falta de estudios de informática forense que acrediten su autenticidad, integridad y autoría. En paralelo, la defensa denunció una presunta “empresa criminal” encabezada por un brigadier general del Ejército con vínculos con alias Gilberto, señalado integrante del ELN, lo que introduce un elemento de conspiración en el caso.
“La imputación constituye un acto procesal válidamente realizado”
Jhonny Mercado González, abogado defensor
El caso, que ha generado controversia en el ámbito militar y judicial, se encuentra ahora a la espera de que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia evalúe la solicitud de suspensión y las nuevas pruebas. La defensa confía en que estos elementos, sumados a los cuestionamientos sobre la evidencia digital, permitan la preclusión definitiva de la investigación. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Bogotá mantiene la competencia para la audiencia de imputación, en un proceso que sigue exponiendo las fisuras entre el poder judicial y las altas esferas castrenses del país.
