La Superintendencia Nacional de Salud salió al paso de las denuncias realizadas por el concejal de Medellín Santiago Perdomo, defendiendo la legalidad y necesidad del contrato No. 480 de 2026, cuyo valor asciende a 3.790 millones de pesos para el suministro de tiquetes aéreos a funcionarios de la entidad. Mediante un comunicado oficial, el organismo explicó que el proceso contractual sigue todos los principios de transparencia, publicidad, economía y libre concurrencia, y que su ejecución está vigente desde el 1 de junio del presente año.
La controversia surgió luego de que Perdomo, miembro del movimiento Creemos, cuestionara la prioridad de destinar semejante suma de dinero a desplazamientos aéreos en momentos en que el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis de acceso a medicamentos, citas médicas y procedimientos quirúrgicos. El concejal había señalado que cerca de 194 millones de pesos estaban dirigidos a financiar viajes del despacho del superintendente Daniel Quintero y de su equipo de comunicaciones, una cifra que consideró desproporcionada frente a las urgencias del sector.
El detalle del gasto y la defensa oficial
En su aclaración, la Superintendencia detalló que del valor total contratado, únicamente 54 millones 564 mil 204 pesos, equivalentes al 1,4 por ciento del presupuesto, corresponden a la asignación prevista para los desplazamientos del Despacho del Superintendente Nacional de Salud durante el resto de la vigencia 2026. El restante 98,6 por ciento, es decir más de 3.700 millones de pesos, se destina a labores misionales como auditorías, inspecciones, vigilancia y atención a usuarios en las diferentes regiones del país. La entidad enfatizó que esta contratación anual es indispensable para garantizar el cumplimiento de sus funciones de control en todo el territorio nacional.
El proceso para este contrato, que fue adjudicado el pasado 13 de mayo tras una convocatoria publicada el 1 de abril, se realizó mediante la modalidad de selección abreviada con subasta inversa electrónica en la plataforma Secop II. Durante el trámite se cumplieron todas las etapas legales, incluyendo la apertura de ofertas el 15 de abril, el periodo de evaluación entre el 23 y 27 de abril, y la subasta electrónica el 8 de mayo. La Superintendencia concluyó su defensa asegurando que continuará actuando con total apego a la ley y con absoluta disposición para rendir cuentas sobre cada una de sus actuaciones, en medio del escrutinio público sobre el gasto estatal en un sector que atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos años.
