Un duro revés judicial sufrió la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Meta, luego de que dos jueces de Villavicencio ordenaran la libertad de más de diez personas imputadas por los delitos de ecocidio, deforestación y concierto para delinquir en el municipio de Mapiripán. Entre los beneficiados se encuentran Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña, Dumar Gontran Aljure Martínez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Liliana Edith Bustos Méndez, Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez y Eduardo Santos Leguizamo Barreto. También recobró la libertad el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque, mientras que Mario Enrique Ibáñez, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades, también fue dejado en libertad por decisión judicial. Las decisiones se tomaron al considerar que las pruebas presentadas por el ente acusador no eran suficientes para inferir razonablemente la autoría o participación de los procesados en los hechos ni para demostrar la existencia de un acuerdo criminal.
La investigación, que ha sido catalogada como una de las más ambiciosas contra delitos ambientales en la región, buscaba esclarecer la presunta deforestación y el acaparamiento ilegal de tierras baldías en una extensión cercana a las 70.000 hectáreas. Según la Fiscalía, en Mapiripán se habrían talado más de 52.000 hectáreas de bosque entre 2007 y 2026, un período que fue documentado con reportes del Ideam y sobrevuelos que cubrieron una superficie de 918.200 hectáreas. Las autoridades señalaban un patrón de destrucción vinculado a la expansión agroindustrial, la infraestructura vial y los cultivos ilícitos. Como prueba de esta transformación, se citó el incremento del 15% en el área sembrada con palma de aceite entre 2021 y 2023, al pasar de 8.140 a 9.345 hectáreas, así como un aumento del 148,59% en el censo bovino municipal entre 2016 y 2023.
Cuestionamientos a la solidez probatoria
Durante las audiencias, los jueces fueron enfáticos al señalar las falencias del caso presentado por la Fiscalía. Uno de los magistrados, al cuestionar la solidez de la investigación, manifestó de manera textual: “Aquí empieza a fallar la investigación, y empieza a fallar toda la exposición que hizo la señora fiscal. Esto es un llamado de atención muy serio a la Fiscalía”. En una de las decisiones, el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio rechazó la tesis de delincuencia transnacional y no legalizó las capturas al considerar que no se cumplían los presupuestos para la privación de la libertad. La Fiscalía, que ya anunció su intención de apelar una de estas decisiones, tendrá que esperar la definición de la segunda instancia, cuya audiencia estaba programada para el 7 de julio pero no se realizó.
“Aquí empieza a fallar la investigación, y empieza a fallar toda la exposición que hizo la señora fiscal. Esto es un llamado de atención muy serio a la Fiscalía”
Juez de Villavicencio
A pesar de este revés judicial, el proceso penal contra los demás implicados continúa abierto. La imputación formal de cargos para los procesados que no recobraron la libertad está programada para el 17 de julio, mientras que la situación jurídica del presidente de la empresa Poligrow, Carlo Vigna Taglianti, se definirá el 22 de julio, cuando se resuelva su medida de aseguramiento. El caso, que ha puesto en la mira la expansión agroindustrial en la Amazonía colombiana y su relación con la deforestación, deja en evidencia la complejidad de judicializar delitos ambientales a gran escala y la necesidad de reforzar los elementos probatorios en investigaciones de este tipo. La comunidad y las organizaciones ambientales permanecen atentas al desarrollo de un proceso que podría sentar un precedente en la lucha contra el ecocidio en el país.
