El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, ofreció disculpas públicas a María G., una sobreviviente de violencia sexual, tortura, amenazas y desplazamiento forzado perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín durante el año 2002. La emotiva ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de Audiovisuales de la Universidad de Costa Rica en San José, como parte de un acuerdo de solución amistosa alcanzado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, el Estado evitó que el caso llegara a la Corte Interamericana, aceptando su responsabilidad por la falta de una investigación judicial efectiva que dejó a la víctima sin acceso a la justicia durante más de una década.
Los hechos que marcaron la vida de María G. ocurrieron en noviembre de 2002, cuando ella tenía apenas 18 años. En el sector de Carpinelo, en la Comuna 1 de Medellín, en medio de la disputa territorial entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC, seis hombres encapuchados y armados, que portaban prendas militares y brazaletes de ese grupo paramilitar, la interceptaron. La víctima ha señalado la existencia de alianzas entre estos grupos y miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la CIDH, durante el ataque los agresores, comunicándose con radioteléfonos, marcaron en su antebrazo las letras AUC y la obligaron a llevar un papel que contenía una amenaza dirigida a la comunidad. Posteriormente, la violencia escaló a niveles de una sevicia extrema: la víctima fue sometida a cortes con cuchillo, una quemadura de cigarro y múltiples golpes. En medio de la tortura, tres de los sujetos la violaron mientras el resto del grupo se reía y alegaba su turno para tener acceso carnal con ella, un acto que la Comisión describió como un mecanismo sistemático de amedrentamiento y control territorial en la zona.
Tras la agresión, María G. se vio forzada a desplazarse de Medellín a Bogotá, abandonando sus estudios y trabajos. Aunque denunció los hechos ante la Fiscalía en la capital antioqueña, el único avance procesal fue el reconocimiento médico legal, quedando el caso sumido en la más absoluta impunidad. Ante la falta de respuesta judicial en Colombia, en febrero de 2009 la víctima elevó su caso hasta la CIDH, que finalmente admitió el expediente en mayo de 2018. En su análisis, la Comisión consideró que los hechos podrían configurar múltiples violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo los artículos relativos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial, además de señalar una posible participación o aquiescencia de agentes estatales en los hechos. El acuerdo de solución amistosa, cuyo contenido completo no se ha hecho público, quedó ligado al reconocimiento de estas fallas estatales que permitieron años sin respuesta judicial.
Un acto de reparación simbólica
La ceremonia de disculpas públicas se desarrolló con una puesta en escena profundamente simbólica y respetuosa con la víctima, quien resguardó su identidad detrás de un telón que ocultaba su rostro. En un acto cargado de emotividad, primero se proyectó la silueta de María G. sobre la tela, y luego, en un gesto de acompañamiento y solidaridad, varias personas se acercaron para tomarle la mano y abrazarla. El acto estuvo encabezado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en él intervinieron, además, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Óscar Parra, quienes reiteraron el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
«Cortes con cuchillo, una quemadura de cigarro y golpes». «Fue violada por tres sujetos mientras el resto del grupo se reía y alegaba su turno para tener acceso carnal con ella».
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Con este acto en San José de Costa Rica, el Estado colombiano no solo buscó reparar simbólicamente a una mujer que sufrió una violencia atroz, sino que también puso sobre la mesa la urgente necesidad de que estos crímenes no queden en la impunidad. La historia de María G., quien tuvo que huir de su hogar y reconstruir su vida lejos de la amenaza, refleja las fallas sistémicas que han permitido que la violencia sexual sea utilizada como un arma de guerra y control territorial en Colombia, y que sus perpetradores, en muchos casos, no enfrenten a la justicia.
