La ministra de Ambiente, Irene Vélez, salió al paso de las críticas que generó su reciente visita a Bucaramanga, en el marco del complejo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán. En declaraciones difundidas a través de su cuenta de X, la funcionaria defendió la transparencia del Gobierno y aseguró que su presencia en la capital santandereana, ocurrida el jueves 9 de julio, respondió a compromisos institucionales y no a reuniones ocultas, como lo habían insinuado algunos sectores. La visita se produjo luego de una jornada de diálogo el sábado 4 de julio que no logró avances significativos, y en medio de la expectativa por la próxima mesa de concertación, cuya fecha se mencionó extraoficialmente para el 18 de julio, aunque sin confirmación oficial por parte del Ministerio.
Vélez, quien se reunió con líderes ambientales y actores sociales en una agenda pública, utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos sobre el verdadero propósito del encuentro. “La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas”, afirmó la ministra, dejando claro que su labor se enmarca en los lineamientos del Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana y la protección de líderes ambientales.
Contexto judicial y compromisos institucionales
La controversia tiene como telón de fondo la orden judicial contenida en la Sentencia T-361 de 2017, que exige avanzar en la delimitación participativa del Páramo de Santurbán, un ecosistema estratégico para la provisión de agua y la biodiversidad en Santander. El Ministerio de Ambiente debe atender además una acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y las áreas adyacentes al páramo. En ambos procesos judiciales, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán figura como accionante. “En Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante —explicó Vélez— entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva”.
La funcionaria subrayó que su cartera continuará acompañando el proceso bajo criterios técnicos y jurídicos, y que revisará las alertas de seguridad que han manifestado algunos sectores ambientales frente a la próxima mesa de concertación. La defensa de la transparencia gubernamental se convierte así en el eje central de esta nueva etapa del debate sobre uno de los páramos más emblemáticos del país, cuya delimitación sigue generando tensiones entre la protección ambiental, los intereses mineros y la participación ciudadana.
