Salud Total EPS-S ha presentado ante la Fiscalía General de la Nación más de 4.000 denuncias penales contra afiliados por la presunta falsificación de incapacidades médicas, un delito tipificado en el artículo 289 del Código Penal colombiano que puede acarrear penas de prisión de entre 16 y 108 meses. La medida, anunciada en noviembre de 2024, se enmarca en un operativo de control que busca proteger los recursos del sistema de salud y que ya ha dado sus primeros frutos judiciales en Manizales. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad profirió una sentencia condenatoria contra una afiliada que alteró una incapacidad original de un día para ampliarla a tres, un caso en el que la EPS aportó asesoría técnica, jurídica y toda la documentación requerida para sustentar la investigación.
El caso concreto que llegó a instancias judiciales en Manizales evidencia el modus operandi que la EPS ha decidido perseguir de manera sistemática. La afiliada modificó el contenido de un documento médico legítimo con el objetivo de obtener un beneficio laboral indebido. “Como resultado de la denuncia presentada por Salud Total EPS-S y de las pruebas aportadas durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la afiliada por el delito de falsedad en documento privado”, indicaron voceros oficiales de la entidad. La condena, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales, marca un precedente en la región y refuerza la estrategia de la EPS de no tolerar este tipo de fraudes.
Las consecuencias legales y laborales de la falsificación
Más allá de la pena privativa de la libertad que establece el artículo 289 del Código Penal —que va desde 16 meses hasta 9 años de prisión—, la falsedad en documento privado tiene repercusiones directas en el ámbito laboral. El empleador está facultado para denunciar al trabajador y, previo debido proceso, puede aplicar medidas disciplinarias que incluyen el despido con justa causa. Sin embargo, las autoridades laborales advierten que si no se respeta el debido proceso en la sanción disciplinaria, un fallo podría ordenar el reintegro del trabajador despedido. Por eso, desde Salud Total EPS-S insisten en que la responsabilidad es compartida entre todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud: entidades, usuarios, empleadores y trabajadores.
«Este tipo de actuaciones afecta la confianza en el sistema y compromete recursos que deben destinarse a la atención de los afiliados y a la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud».
Comunicado de Salud Total EPS-S
La EPS anunció que fortalecerá los mecanismos de auditoría, control interno e investigación para detectar y prevenir estas prácticas. El abogado Jimmy Jiménez, del bufete Integrity Legal, que ha representado a la entidad en algunos de estos procesos, explicó que las denuncias no se limitan a casos aislados, sino que responden a una política de cero tolerancia frente a la alteración de documentos médicos. Con más de 4.000 denuncias ya presentadas, Salud Total EPS-S busca enviar un mensaje claro a los afiliados: falsificar una incapacidad no solo es una falta ética, sino un delito que puede llevar a la cárcel. La sentencia en Manizales es apenas el primer capítulo de una ofensiva judicial que promete extenderse a otras regiones del país.
