La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), respaldada por los alcaldes de las 32 capitales del país, solicitó formalmente al Gobierno Nacional y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la apertura de una revisión del régimen tarifario del servicio de acueducto. La petición, presentada mediante un comunicado oficial, responde a los reportes de incrementos significativos en las facturas de agua en varias ciudades tras la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario, que empezó a regir el 1 de julio de 2026 mediante la resolución 1032 expedida el 24 de marzo del mismo año. La preocupación de los mandatarios locales se centra en el impacto que estos aumentos pueden tener en la capacidad de pago de los hogares, especialmente en un contexto donde las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población nacional.
La nueva metodología regulatoria, diseñada por la CRA, ha generado reacciones encontradas. Mientras la entidad asegura que el esquema no busca aumentar tarifas sino reflejar los costos reales del servicio, los usuarios han reportado alzas en sus facturas, y los alcaldes han recibido múltiples reclamaciones sin tener competencia legal para modificar las tarifas. Un caso ilustrativo es el del área metropolitana de Bucaramanga, que comprende los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Allí, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) reportó que, para un consumo residencial de 13 metros cúbicos, la factura registró un aumento promedio del 25%. Según el gerente financiero del AMB, Darío Lizcano, este incremento responde a una reestructuración de los componentes de la tarifa: el cargo fijo, asociado a los costos de administración, disminuyó aproximadamente un 22%, mientras que el cargo por consumo, que incluye costos operativos, tasas, impuestos e inversiones, aumentó un 37%.
Impacto en las tarifas y reclamos ciudadanos
La aplicación de la nueva metodología no ha sido uniforme. En el caso del AMB, el incremento comenzó con un 16% y se proyecta una senda de seis meses hasta alcanzar el tope estimado. Esta gradualidad, explicada por Lizcano en entrevista con Caracol Radio, evidencia la complejidad del ajuste. Sin embargo, desde Asocapitales advierten que la situación exige una discusión técnica e institucional profunda. «Esta situación pone de presente la necesidad de abrir una discusión técnica e institucional sobre el actual marco tarifario», señaló la asociación en su comunicado, al tiempo que propuso la creación de una mesa técnica nacional con participación de las ciudades capitales para revisar los impactos y avanzar hacia una regulación más concertada.
Gloria Esperanza Narváez, directora de la CRA, defendió el nuevo esquema al afirmar que «las fórmulas de la CRA son generales y el impacto depende de la realidad financiera» de cada prestador del servicio. La funcionaria, en diálogo con Caracol Radio, insistió en que la metodología no está diseñada para encarecer el servicio, sino para ajustar las tarifas a los costos reales de operación. No obstante, desde la asociación de capitales se insiste en que la revisión debe incluir temas como la gradualidad de los incrementos, la distribución de costos, los incentivos a la eficiencia, el peso de los componentes regulatorios y ambientales, y los mecanismos para reducir impactos desproporcionados sobre los hogares.
«Comenzamos con un incremento del 16% y va a tener una senda de incremento de seis meses hasta llegar al tope estimado»
Darío Lizcano, gerente financiero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB)
El debate sobre el régimen tarifario del agua cobra relevancia en un momento en que millones de hogares colombianos enfrentan presiones económicas. La petición de Asocapitales, respaldada por los alcaldes de las 32 capitales, abre la puerta a una revisión que podría equilibrar la sostenibilidad financiera de los prestadores del servicio con la capacidad de pago de los usuarios. Mientras tanto, la CRA mantiene su postura y el nuevo esquema sigue aplicándose, con la expectativa de que la mesa técnica propuesta permita encontrar soluciones consensuadas que eviten impactos desproporcionados en las facturas de agua de los colombianos.
