Más de 1.100 niños y adolescentes del Catatumbo, en Norte de Santander, se han quedado sin la posibilidad de asistir a clases presenciales debido al cierre de 17 sedes educativas. La medida obedece al alto riesgo que representa la presencia de minas antipersona y artefactos explosivos en los alrededores de las instituciones, lo que ha imposibilitado el retorno seguro a las aulas. La alerta fue presentada por Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz del departamento, y Abelardo de la Espriella, presidente electo de la región, durante una reunión de empalme en la que se abordó la crítica situación humanitaria que vive la zona.
La imposibilidad de reactivar las clases se debe a la ausencia de labores de desminado en los entornos escolares, una condición indispensable para garantizar la seguridad de los menores. El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, motivado por la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33, ha derivado en la instalación de minas y en severas restricciones a la movilidad. Este conflicto armado no solo ha paralizado el sistema educativo, sino que ha provocado desplazamientos masivos y confinamientos que deterioran las condiciones de vida de la población civil.
Crisis educativa y humanitaria
La Fundación Ideas para la Paz ha señalado que el control de corredores estratégicos por parte de los grupos armados y la colocación de explosivos incrementan el riesgo para la comunidad, especialmente para los niños y adolescentes que ven interrumpido su proceso de aprendizaje. La prolongación de esta situación, advierten las autoridades regionales, tendrá consecuencias a largo plazo en una zona rural donde las alternativas educativas son limitadas. Más allá de la pérdida académica, la ausencia de clases elimina un espacio fundamental de protección, convivencia y acompañamiento psicosocial para los menores.
El regreso a las aulas depende exclusivamente de que se adelanten tareas de desminado que permitan certificar la seguridad de las sedes y sus accesos. Mientras tanto, más de 1.100 estudiantes del Catatumbo continúan sin poder ejercer su derecho a la educación, en medio de un conflicto que no da tregua y que amenaza con profundizar la brecha de oportunidades en una de las regiones más golpeadas del país.
