La organización Misión Colombia Transparente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el ELN y otros grupos ilegales, así como contra el entonces candidato presidencial Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, por el delito de constreñimiento al sufragante y otros ilícitos electorales en las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio de 2026. La denuncia, suscrita por Sergio Alzate González, Andrés Felipe Rodríguez Puerta y David Toledo Ospina, señala que los grupos armados habrían presionado a los votantes para favorecer a la fórmula oficialista, en un contexto de control territorial que comprometió la libre voluntad popular en más de 520 municipios y 5.000 puestos de votación.
Según el documento radicado después de que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral reconocieran la victoria de Abelardo de la Espriella, los hechos se habrían concentrado en zonas de alto riesgo electoral, donde los grupos ilegales amenazaban con multas y sanciones a quienes no apoyaran a Cepeda, obligando incluso a inscribir cédulas en puestos bajo su control. La denuncia detalla que en municipios como Cartagena del Chairá y Remolino del Caguán, en Caquetá, así como en zonas del Cauca, Chocó y Nariño, líderes locales reportaron presión directa. Un dirigente de Cartagena del Chairá, cuya identidad se reserva por temor a represalias, declaró: “Sigue la presión, dicen que no pueden aparecer votos en el caserío de Remolino del Caguán por el candidato Abelardo de la Espriella”.
Las cifras que respaldan la denuncia
Los datos electorales revelan una correlación inquietante entre el control armado y los resultados. De los 139 municipios clasificados como de riesgo extremo electoral por la Misión de Observación Electoral, Iván Cepeda ganó en 102, equivalentes al 73,38 %, mientras que Abelardo de la Espriella triunfó en 37, el 26,6 %. En 15 de esos municipios, Cepeda superó el 90 % de la votación; De la Espriella solo alcanzó ese umbral en uno. El caso más llamativo es El Litoral del San Juan, en Chocó, donde Cepeda obtuvo el 98,18 % de los sufragios, con una participación del 59,37 % y un voto en blanco mínimo de 0,14 %. Le siguen Magüí Payán, en Nariño, con 97,59 %; Jambaló, en Cauca, con 97,19 % —donde la participación fue la más alta, 87,89 %—; Cumbitara, también en Nariño, con 94,27 %; y Olaya Herrera, igualmente nariñense, con 93,91 %.
Los denunciantes detallaron cómo actuaron los grupos armados. Alias La Morocha, del frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, habría amenazado a las juntas de acción comunal con pasar “junta por junta con listado en mano” para verificar los Certificados Electorales. Por su parte, las disidencias de alias Calarcá presionaron a transportadores para que movilizaran votantes con recursos propios, incluso utilizando lanchas en zonas ribereñas. Estas acciones, según Misión Colombia Transparente, constituyen una violación sistemática del derecho al voto libre y secreto.
“Los abajo firmantes nos dirigimos respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación con el fin de presentar DENUNCIA PENAL en contra de las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, el ELN, y otros grupos ilegales, Iván Cepeda Castro y Aida Quilcue, y demás personas que resulten responsables, por hechos que podrían constituir el delito de constreñimiento al sufragante y otros delitos electorales conexos, en favor del candidato Iván Cepeda Castro y Aida Quilcue, aspirante a la Presidencia de la República de Colombia para las elecciones de 2026”.
Texto de la denuncia de Misión Colombia Transparente
Durante la primera vuelta ya se habían registrado denuncias similares, pero para la segunda vuelta la situación se agravó, según líderes de Cartagena del Chairá. A nivel nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos frente a los 12.708.712 de Iván Cepeda, una diferencia de poco más de 250.000 sufragios que definió la contienda. La denuncia ahora queda en manos de la Fiscalía, que deberá investigar si el constreñimiento en esas zonas pudo haber alterado el resultado final, en un escenario donde la democracia colombiana enfrenta uno de sus mayores desafíos: el poder de los grupos armados sobre la voluntad popular en territorios históricamente marginados.
