La Defensoría del Pueblo respaldó las primeras dos sentencias definitivas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que representan un avance significativo en la garantía de los derechos de las víctimas y en la implementación del Acuerdo Final de Paz. En un pronunciamiento público fechado el 28 de enero de 2021, el organismo destacó que estas decisiones, correspondientes al Caso 01 —que investiga la política de secuestro de las extintas FARC-EP— y al Caso 03 —sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, conocidas como falsos positivos—, constituyen un paso concreto en la justicia transicional. La Defensoría subrayó que ambas sentencias, que sancionan a miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP y a 12 exmilitares del Batallón La Popa, en la región Caribe, priorizan un enfoque restaurativo con la participación activa de las víctimas en la definición de las sanciones.
El organismo de derechos humanos valoró especialmente que las sanciones impuestas incluyan restricciones efectivas a la libertad de los comparecientes, con cronogramas verificables, lo que evita que las decisiones queden en meros compromisos simbólicos. En el Caso 03, que involucra a los 12 exmilitares, la Defensoría insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las víctimas y que las sanciones deben incorporar acciones de memoria histórica y dignificación de las comunidades afectadas. Asimismo, recordó que la implementación del Acuerdo de Paz es una obligación constitucional para todas las autoridades del país.
Contexto de la justicia transicional
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado en el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. El Caso 01 se centra en la política de secuestro que aplicó esa guerrilla, mientras que el Caso 03 investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, en particular las ocurridas en el Batallón La Popa. La Defensoría también destacó que se anunció un mecanismo internacional de monitoreo integrado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de verificar el cumplimiento de las sanciones y garantizar la transparencia del proceso.
Con este respaldo, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y exhortó a todas las instituciones del Estado a seguir avanzando en la implementación del Acuerdo Final de Paz, como una vía esencial para construir una paz estable y duradera en Colombia.
