En un acto cargado de simbolismo y memoria, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y ofreció excusas públicas por la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002. La ceremonia se realizó en el antiguo centro poblado de Bellavista, en el municipio de Bojayá (Chocó), y contó con la participación de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; representantes del Gobierno nacional, autoridades locales, miembros de la Fuerza Pública, delegados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismos internacionales, así como víctimas y comunidades afrocolombianas e indígenas de la región.
Durante su intervención, la defensora del Pueblo expresó que el Estado falló en su deber de proteger a la población civil, a pesar de las advertencias previas emitidas por la Defensoría, el Ministerio Público y organismos internacionales. “El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales”, señaló Marín. El acto de reconocimiento se produce más de dos décadas después de los hechos, como parte de las medidas de reparación a las víctimas.
La masacre de Bojayá tuvo lugar en mayo de 2002, durante un enfrentamiento entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el control territorial de la región. En medio del combate, un cilindro bomba lanzado por la antigua guerrilla impactó la iglesia de Bellavista, donde cientos de habitantes se habían refugiado. La explosión causó la muerte de decenas de personas y dejó a varias más heridas. Como consecuencia, cerca de 10.000 habitantes fueron desplazados forzosamente de sus hogares.
«El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales».
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
La defensora del Pueblo también afirmó que “la verdad, la justicia y las garantías de no repetición continúan siendo una deuda con las víctimas y las comunidades afectadas”. En ese sentido, advirtió que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte (Antioquia) aún enfrentan riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. “Los jóvenes, adolescentes, niñas y niños de Bojayá y Vigía del Fuerte tienen derecho a un buen futuro, a acceder a los derechos sociales, culturales y ambientales en igualdad de condiciones que los del resto del país, sin los riesgos latentes de reclutamiento, uso y utilización”, señaló Marín.
Llamado a la acción para proteger a la juventud
Como parte de las medidas de reparación y prevención, la defensora solicitó a las alcaldías de Bojayá y Vigía del Fuerte, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia, y al Ministerio del Deporte trabajar conjuntamente en planes estratégicos que ofrezcan alternativas a la juventud y prevengan su vinculación al conflicto. La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas, emitir alertas tempranas y hacer seguimiento a las medidas de protección, en un escenario donde la memoria y la exigencia de no repetición siguen siendo pilares para la construcción de paz en el territorio.
