La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), implicados en ejecuciones extrajudiciales presentadas falsamente como bajas en combate, conocidas como falsos positivos, ocurridas en Antioquia entre 2004 y 2008. Los comparecientes, quienes reconocieron su responsabilidad y cumplieron con los compromisos de aportes a la verdad plena, reconocimiento de responsabilidad, participación en medidas de reparación y asunción de compromisos de no repetición, recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal. Este beneficio se otorgó bajo la Ruta No Sancionatoria, aplicable a quienes no fueron identificados como máximos responsables, e implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias.
Los hechos investigados abarcan 10 casos en los que 18 personas fueron asesinadas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, crímenes que no son amnistiables dentro del sistema de justicia transicional. De los 39 beneficiados, 29 no habían sido investigados, procesados ni condenados por la justicia ordinaria por estos hechos, pero ante la JEP admitieron su participación y se sometieron al régimen de condicionalidad. La JEP verificó que los comparecientes cumplieran con actos de dignificación y disculpas a los familiares de las víctimas, requisito indispensable para acceder al beneficio. Con esta decisión, la Jurisdicción suma 911 comparecientes que han resuelto su situación jurídica a través de 32 decisiones emitidas hasta la fecha, en el marco de los procesos por falsos positivos en la fuerza pública.
Compromisos de no repetición y reparación
La AFEUR No. 5 operaba como una unidad de fuerzas especiales urbanas en el área metropolitana de Medellín durante el periodo en que se cometieron las ejecuciones. Los 39 exintegrantes, al acogerse a la Ruta No Sancionatoria, asumieron compromisos de no repetición y de participación en medidas de reparación integral para las víctimas. La decisión de la JEP establece que los beneficiarios deberán mantener estos compromisos para conservar los beneficios otorgados, bajo el riesgo de perderlos si incumplen las condiciones impuestas por el tribunal de paz. Este caso se suma a los esfuerzos del sistema de justicia transicional por esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el conflicto armado, particularmente en Antioquia, donde se registraron numerosos casos de falsos positivos.
