Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación destapó una presunta red de corrupción al interior de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), empresa estatal controlada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que involucraría al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a varios altos funcionarios por facilitar la compra y exportación de oro sin trazabilidad. El denunciante, Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer –contratista de la SAE–, presentó ante el ente acusador pruebas documentales, chats, audios y contratos internos que evidenciarían un esquema ilegal para legalizar oro de origen ilícito mediante facturación ficticia y triangulación de fondos.
Entre los presuntos implicados figuran, además del ministro Palma, Amelia Pérez (presidenta de la SAE), María Isabel Carrillo (representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de la Agencia Nacional de Minería), y Mery Janneth Gutiérrez (asesora de presidencia de la SAE). También aparecen como actores clave las empresas Meprecol, CYJ Gutiérrez y Spectre Consulting SAS, así como las cooperativas Serintegroup y Coonekta. La denuncia, cuyo número de radicado no fue especificado, apunta a una organización criminal dedicada a comprar, legalizar y comercializar oro de procedencia ilegal, dándole una aparente legalidad mediante registros mineros, facturación y exportaciones. Las operaciones bajo sospecha se realizaron hasta el 28 de mayo de 2026, y el informe del revisor fiscal que alertó sobre las irregularidades tiene fecha del 19 de junio del mismo año.
Triangulación de 5.600 millones de pesos sin soporte documental
Según el informe del revisor fiscal de Meprecol, fechado el 19 de junio de 2026, el mecanismo de presunta corrupción consistió en una triangulación de fondos: Meprecol giró un anticipo de aproximadamente 5.600 millones de pesos a la cooperativa Serintegroup. Ese dinero, posteriormente, fue transferido a Spectre Consulting SAS con el propósito de “monetizar” los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De los 5.600 millones girados, solo unos 4.000 millones fueron legalizados con facturas posteriores, mientras que 1.200 millones de pesos quedaron sin ningún soporte documental. A pesar de ello, María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol, defendió la operación asegurando que los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que la entidad exporta, y que cuentan con una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo.
“La función del tercero consistiría en ‘monetizar’ los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta”.
Informe del revisor fiscal de Meprecol, 19 de junio de 2026
El denunciante, Marlon Díaz, afirmó que advirtió al presidente Gustavo Petro y a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, sobre estas irregularidades, pero no obtuvo respuesta directa. Díaz solicitó su inclusión en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, alegando que ha recibido amenazas y presiones para que desista de la denuncia. Por su parte, Mery Janneth Gutiérrez, asesora de presidencia de la SAE, declaró a un medio nacional que su relación con los procesos es únicamente institucional y que ya ha denunciado penalmente a Díaz por injuria y calumnia. El ministro Edwin Palma, por ahora, ha optado por remitir las consultas sobre el caso a Meprecol.
Antecedentes: monopolio estatal de compra de oro y presión por trazabilidad
El escándalo estalla en medio de la apuesta del gobierno de Gustavo Petro por instaurar un monopolio estatal de compra de oro, iniciativa que el presidente anunció en octubre de 2025 como medida para combatir la minería ilegal. Tan solo tres meses después, en enero de 2026, Meprecol pasó a manos del Ministerio de Minas y Energía a través de la SAE, arrastrando desde entonces dificultades financieras y dudas recurrentes sobre la trazabilidad de sus operaciones. El revisor fiscal, en su informe, recomendó suspender de inmediato los giros a intermediarios y pagar directamente a proveedores, además de advertir que parte del dinero ya había sido entregado sin justificación completa. La alerta incluye la posibilidad de reportar el caso a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), lo que podría derivar en una investigación por lavado de activos.
“Eso es para comprar oro. Los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que exportamos. […] tenemos una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo”.
María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol, a Semana
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación para establecer la trazabilidad del oro comercializado y el destino de los recursos, el caso expone las fisuras de un sistema que busca centralizar la compra de minerales preciosos, pero que podría estar facilitando, precisamente, la legalización de oro ilegal a través de intermediarios sin control documental. Las cooperativas Serintegroup y Coonekta, junto con la empresa Spectre Consulting SAS, se perfilan como los eslabones clave de una cadena que, según la denuncia, habría utilizado recursos públicos para alimentar circuitos informales de minería en varias regiones del país. La respuesta del gobierno y la suerte del ministro Edwin Palma, ahora en el centro de la polémica, marcarán el rumbo de una controversia que amenaza con golpear la credibilidad de la política minera del ejecutivo.
