La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que el establecimiento donde falleció Adriana Manotas Rodríguez, tras una cirugía estética realizada el pasado 7 de julio, operaba de manera ilegal pese a que la autoridad sanitaria ya le había impuesto dos medidas preventivas en noviembre de 2025. La mujer, de quien no se reveló su edad, murió el 10 de julio en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, luego de sufrir un paro cardíaco durante el procedimiento que se llevó a cabo en el barrio Muzú, localidad de Puente Aranda.
Inmediatamente después de conocer el caso, un equipo interinstitucional integrado por la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana, el CTI, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud allanó el lugar y encontró graves irregularidades. Como resultado, se impuso la clausura temporal total del establecimiento y se decomisaron 108 materiales, entre equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos que eran utilizados sin ninguna habilitación legal.
Dos medidas previas ignoradas
La Secretaría de Salud informó que el local ya había sido sancionado en noviembre de 2025 con dos medidas sanitarias preventivas: una contra el mismo establecimiento y otra contra el profesional médico que realizaba los procedimientos. Ambas se tomaron precisamente por carecer de la habilitación necesaria para ofrecer servicios de salud. Sin embargo, las condiciones que motivaron la sanción nunca fueron subsanadas y el centro clandestino continuó operando, lo que derivó en la tragedia que hoy lamenta la familia de Adriana Manotas.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue contundente al afirmar que «ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer en un establecimiento que no esté autorizado por la Secretaría de Salud». La declaración subraya la gravedad de la reincidencia y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia sobre estos locales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
Cifras de control y críticas al sistema
Desde 2025, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado 1.296 visitas de control, 590 operativos y ha impuesto 155 medidas sanitarias. Solo en lo corrido de 2026, se han efectuado 104 visitas por quejas ciudadanas y 34 medidas de seguridad adicionales. El 9 de julio, un día antes de este fatal desenlace, se llevaron a cabo operativos simultáneos en varias zonas de Bogotá donde se identificaron graves irregularidades en procedimientos invasivos sin habilitación, imponiendo suspensiones, decomisos y hasta la destrucción de medicamentos y dispositivos de alto riesgo.
La concejala Donka Atanassova criticó duramente la situación y aseguró que «el debilitamiento del Sistema Distrital de Cuidado sigue poniendo en riesgo la vida de las mujeres, porque no les garantiza información suficiente, prevención, orientación ni una respuesta institucional articulada». Además, recordó que ya existían alertas tras el caso de Yulixa Toloza, pero no se implementaron planes de choque articulados para evitar nuevas víctimas.
«Ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer en un establecimiento que no esté autorizado por la Secretaría de Salud»
Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá
Ante esta emergencia, la Secretaría de Salud recordó a la ciudadanía que la línea para denunciar establecimientos ilegales es el 601 364 9550, opción 1, disponible las 24 horas del día. Las autoridades hacen un llamado a no someterse a cirugías estéticas en lugares que no cuenten con la debida habilitación sanitaria, pues las consecuencias pueden ser fatales, como ocurrió con Adriana Manotas Rodríguez.
