El concejal de Cambio Radical en La Palma (Cundinamarca), José Wilmer Jiménez Cifuentes, fue capturado el lunes 13 de julio de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, durante un puesto de control instalado por las autoridades en el municipio de El Peñón. El hecho se registró cuando el funcionario, quien ocupa su curul para el periodo 2024-2027, se desplazaba en una motocicleta y fue requerido por los uniformados. Tras la requisa, unidades de la Sijín le habrían hallado un arma de fuego sin los permisos legales correspondientes, por lo que quedó a disposición de la justicia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas.
La alcaldesa de La Palma, Nelly Rodríguez, confirmó a Caracol Radio la detención del concejal: “Las autoridades llegaron hasta el municipio de El Peñón y allí fue capturado. Me indican que por porte ilegal de armas”. Por su parte, el partido Cambio Radical informó que analiza el caso antes de emitir un pronunciamiento oficial, mientras se espera la evolución de las diligencias judiciales.
Captura en medio del debate nacional sobre porte de armas
La detención de Jiménez Cifuentes se produce en un momento clave del debate público en Colombia, donde se discute la posibilidad de flexibilizar el porte legal de armas para comerciantes y civiles, una propuesta impulsada por Fenalco Atlántico. El gremio argumenta que la extorsión y las amenazas de grupos criminales han obligado al cierre de numerosos negocios en municipios como Barranquilla, Soledad y Malambo. Sin embargo, la iniciativa ha generado posiciones encontradas entre sectores políticos y de seguridad.
El senador electo Germán Rodríguez defendió la legalización del porte con filtros rigurosos y aseguró que entre el 95 % y el 98 % de los delitos cometidos con armas de fuego se ejecutan con armamento ilegal. Rodríguez señaló que en Colombia circularían entre cuatro y seis millones de armas ilegales, mientras que solo el 1 % de los delitos correspondería a armas legales. En contraste, el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, y el actual secretario, César Restrepo, se oponen a la flexibilización por la falta de control y trazabilidad. Acero citó un análisis de 1999 en el que, de 723 armas usadas en homicidios, 240 tenían salvoconducto vigente, mientras Restrepo advirtió sobre falencias en la investigación de armas legales y en amnistías previas para permisos vencidos.
“Las autoridades llegaron hasta el municipio de El Peñón y allí fue capturado. Me indican que por porte ilegal de armas”.
Nelly Rodríguez, alcaldesa de La Palma
Mientras el concejal Jiménez Cifuentes espera la definición de su situación jurídica, el caso se suma a la polémica nacional sobre el control de armas, evidenciando la tensión entre la legítima defensa y los riesgos de un mayor circulante de armamento sin la debida regulación.
