El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lanzó una dura ofensiva contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien calificó como “el mayor enemigo de la paz” luego de que este anunciara el cierre definitivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La decisión, comunicada el lunes 13 de julio de 2026, forma parte de una reestructuración que eliminará 229 cargos y generará un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales, pero para el senador supone una violación directa al artículo 22 de la Constitución, que consagra la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
A través de su cuenta en la red social X, Cepeda afirmó que “la decisión de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo de la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz”. El senador no descartó emprender acciones judiciales por considerar que estos anuncios representan “la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la Paz del pueblo colombiano”.
Las cifras del recorte
De la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto en una guarnición militar del sur del país como homenaje a la Fuerza Pública, justificó la medida argumentando que las estructuras eliminadas “duplican funciones y generan despilfarro”. El mandatario electo precisó que “esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales”. Las entidades suprimidas incluyen la Consejería Comisionado de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
“Se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo”.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
La nueva política de seguridad, según anunció De la Espriella, recaerá en el Comisionado Nacional para la Seguridad –ente por crear–, el ministro de Justicia y el ministro del Interior. Además, otras dependencias como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Virgilio Barco están en riesgo de desaparecer en el marco de la reestructuración que el presidente electo ha prometido para flexibilizar el gasto público.
Las declaraciones de Cepeda representan la primera reacción contundente de la oposición y de los sectores políticos que defienden el Acuerdo de Paz de 2016. El senador advirtió que la eliminación de la institucionalidad de la paz vulnera el espíritu del proceso que puso fin al conflicto con las Farc y abre un panorama de incertidumbre jurídica y política. Mientras tanto, el equipo de transición de De la Espriella defiende la medida como un paso necesario para combatir lo que consideran un despilfarro y para priorizar la seguridad ciudadana por encima de “procesos de falsa paz”. El pulso por el futuro de la paz en Colombia apenas comienza.
