El Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y mantuvo abierta la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano Callejas, testigo clave del escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia, y la de su hijo Alejandro Pizano. La decisión, conocida el 14 de julio de 2026, confirmó el fallo emitido el 8 de marzo de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Funza, al considerar que no se ha demostrado con el suficiente estándar probatorio que las dos muertes ocurridas en la finca El Ático, en Subachoque (Cundinamarca), hayan sido por causas naturales o por ingesta accidental de cianuro. Jorge Enrique Pizano falleció el 8 de noviembre de 2018 y su hijo Alejandro tres días después, el 11 de noviembre, en el mismo lugar.
La decisión del tribunal reprocha a la Fiscalía no haber explorado de manera suficiente la posible conexión de estas muertes con los sobornos de Odebrecht y sus beneficiarios. En su fallo, los magistrados señalaron que, si bien existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías como homicidio, suicidio o muerte natural, ninguna ha sido probada conforme al estándar exigido. La autopsia clínica de Jorge Enrique Pizano acreditó una enfermedad cardíaca preexistente, pero el médico patólogo indicó que la conclusión de muerte natural fue una inferencia construida por descarte, dejando abiertas otras posibilidades como causas metabólicas, glicémicas o relacionadas con medicamentos, sin que fueran confirmadas ni descartadas.
Vacios probatorios y líneas sin explorar
El tribunal encontró múltiples vacíos en la investigación que impiden cerrar el caso. Entre ellos, destacó que la finca El Ático no era de acceso exclusivo para la familia: tenían ingreso familiares, trabajadores, personal de servicio y contratistas, y además se registró un antecedente de intento de hurto. Una empleada reportó haber encontrado una puerta abierta el día de los hechos. Asimismo, ningún testigo vio directamente que Jorge Enrique Pizano ingiriera alguna sustancia, y otra empleada mencionó la posibilidad de un suicidio sin aportar hechos concretos. También se informó sobre movimientos de objetos y solicitudes para ocultar un documento hallado en la habitación de la víctima.
Otro punto clave es el teléfono celular de Alejandro Pizano, que registró actividad laboral y personal hasta el día de su muerte, pero parte de los chats de WhatsApp no pudo recuperarse. Los peritos plantearon dos posibilidades: que hubieran sido borrados por el usuario o por un tercero. El tribunal ordenó que esta situación debe ser investigada a fondo. En su fallo, los magistrados fueron enfáticos: «Bajo este panorama, es evidente que, aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, el suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido».
«Existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, el suicidio o la muerte natural. Ninguna ha sido demostrada conforme al estándar probatorio exigido».
Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas
Jorge Enrique Pizano fue el informante clave del caso Odebrecht en Colombia. Denunció presuntas irregularidades en los sobornos de la constructora brasileña y expresó preocupación por su seguridad antes de morir. Su muerte y la de su hijo han estado rodeadas de interrogantes y sospechas de que pudieron estar relacionadas con su papel en el escándalo. Con esta decisión, la Fiscalía deberá agotar las líneas pendientes antes de intentar un nuevo cierre del caso. La orden judicial apunta a esclarecer el tiempo, modo y lugar de las muertes y a determinar posibles responsabilidades penales, manteniendo abiertas todas las hipótesis: muerte natural, suicidio, accidente u homicidio.
