El partido En Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo, emitió un contundente rechazo a los anuncios realizados por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su intención de eliminar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final y la Consejería para los Derechos Humanos. A través de un comunicado divulgado el 14 de julio, la colectividad advierte que estas decisiones marcan el inicio del desmonte de toda la institucionalidad creada para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP.
Juan Fernando Cristo, presidente de En Marcha, fue enfático al señalar que las acciones del presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, representan un grave riesgo para la estabilidad democrática y la seguridad en los territorios. «Con esas decisiones expresadas por el nuevo presidente comienza el desmonte de la institucionalidad creada para asegurar la implementación del acuerdo. Eso, y enviar mensajes que desconozcan la buena fe de quienes se acogieron a él puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad democrática y para la seguridad en los territorios», manifestó el exministro, haciendo referencia directa a los planes de De la Espriella de trasladar las funciones de estas tres dependencias al Comisionado Nacional de Seguridad y a sus cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Un acuerdo que trasciende gobiernos
En su comunicado, el partido En Marcha subrayó que el Acuerdo Final de Paz de 2016 no es una política pública ordinaria ni un programa exclusivo de un gobierno, sino un acuerdo suscrito por el Estado colombiano que ha sido incorporado al ordenamiento jurídico, acompañado por países garantes y respaldado de manera permanente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante su mecanismo de verificación. «Su implementación trasciende los ciclos electorales y constituye un compromiso institucional del Estado con las víctimas, los territorios y la comunidad internacional», reza el documento.
La organización política recordó que, gracias a este acuerdo, más de 13.000 personas se desmovilizaron y que más del 90% de los firmantes ha cumplido con los compromisos adquiridos. En ese sentido, calificaron como «especialmente grave» cualquier discurso que estigmatice a quienes han cumplido con la dejación de armas y se han sometido a la JEP, al tiempo que reiteraron la necesidad de proteger a los firmantes que han cumplido su palabra.
«El gobierno entrante no puede tratar a estos 13.000 colombianos que dejaron las armas como enemigos. La paz constituye un patrimonio institucional de todos los colombianos».
Partido En Marcha, comunicado del 14 de julio
Frente a este panorama, En Marcha hizo un llamado al gobierno entrante para que cualquier reforma o ajuste a la institucionalidad de paz se adelante mediante el diálogo democrático, con pleno respeto a la Constitución y a las obligaciones internacionales del país. En una medida que eleva la tensión política, Juan Fernando Cristo solicitó a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que se pronuncie sobre lo que considera amenazas directas contra la institucionalidad del acuerdo de paz.
El partido concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso de defender el acuerdo final como una política de Estado, la protección de los firmantes y el principio de que la paz, forjada tras décadas de conflicto armado, es un patrimonio que no puede ser vulnerado por ningún ciclo electoral o cambio de gobierno.
