El secretario general del Senado, Diego González, advirtió este martes 14 de julio que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en una guarnición militar depende exclusivamente de la orden del presidente saliente Gustavo Petro, quien ya prohibió el uso de instalaciones castrenses para ese fin. La declaración se da en medio de una creciente tensión política que enfrenta al mandatario saliente con el presidente electo, quien insiste en cumplir su promesa de campaña de jurar el cargo en el sur del país, específicamente en una guarnición militar en Popayán, Cauca, como un homenaje a las Fuerzas Militares.
González explicó que los congresistas podrían presentar una proposición para cambiar la sede del juramento, pero advirtió que si el acceso al Capitolio Nacional es restringido, el Congreso no puede hacer nada. «Los congresistas presentarían una proposición para cambiar la sede del Congreso y posesionar al presidente, por ejemplo, en una guarnición militar. Si ya no se le permite la entrada al Congreso, pues no se puede hacer absolutamente nada por parte de nosotros», señaló el funcionario. La discusión jurídica se centra en el artículo 192 de la Constitución, que exige la posesión ante el Congreso sin precisar el edificio, y el artículo 140, que fija la sede del Congreso en la capital, aunque no necesariamente en el Capitolio, según interpretaciones de senadores como María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.
Petro ordena prohibición militar
El presidente Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de X, fue contundente al ordenar que ningún establecimiento militar sirva para la posesión del nuevo mandatario. «Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia», escribió, recordando además que la cadena de mando lo mantiene como comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta el momento exacto en que el nuevo presidente jure el cargo. «Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo», argumentó Petro, quien también hizo alusión al precedente de la espada de Simón Bolívar el 7 de agosto de 2022.
«Pese a la posición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad»
Abelardo de la Espriella, presidente electo
De la Espriella, en una alocución el lunes 13 de julio, reiteró su determinación y solicitó al Congreso «tomar la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo». Además, anunció el fin de la consejería de Paz del Gobierno saliente, una medida que podría interpretarse como un primer gesto de su futura administración. Por su parte, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la postura del presidente electo al afirmar que «el plan A es posesionarse en una guarnición militar. El presidente lo dijo en campaña. Él quiere una posesión que marque un símbolo de austeridad y un símbolo, al mismo tiempo, de comprensión total con los problemas de los colombianos; y un símbolo básicamente que muestre su determinación y su voluntad de recuperar la seguridad».
«La transmisión del mando al nuevo presidente, es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El pulso entre el presidente saliente y el electo deja entrever un escenario de confrontación institucional, donde el control operativo de las instalaciones militares sigue en manos de Petro hasta el momento de la transmisión del mando. Mientras tanto, el Congreso evalúa las opciones jurídicas para viabilizar la propuesta de De la Espriella, aunque la advertencia de González deja claro que, sin acceso al Capitolio o sin autorización presidencial para usar guarniciones militares, la capacidad de acción del Legislativo es limitada. La posesión del 7 de agosto, fecha tradicional para el cambio de mando, se perfila como un escenario de alta tensión política y legal en Colombia.
