El presidente electo Abelardo de la Espriella generó una fuerte controversia política al anunciar, a través de un video difundido en sus redes sociales durante la etapa de transición presidencial, la eliminación de la Consejería Comisionada de Paz como parte de su ambicioso plan de austeridad. La medida, que forma parte de una promesa de campaña para reducir el gasto público, contempla la supresión de 229 cargos en la Presidencia de la República, con un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales. El nuevo mandatario afirmó tajantemente que “se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, y subrayó que, a partir del 7 de agosto, cuando asuma el cargo en propiedad, el objetivo prioritario será la seguridad del pueblo y el desmonte total del “perverso sistema de impunidad” que, según él, impera en la actualidad.
Sin embargo, la decisión encontró una rápida y contundente oposición en la figura del exembajador de Colombia ante el Reino Unido y excandidato presidencial, Roy Barreras. A través de su cuenta en X, Barreras calificó la medida como “un error que perjudica al propio nuevo gobierno” y advirtió que la eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz no se puede ejecutar por simple decreto. El exembajador argumentó que dicha oficina tiene un “anclaje en la ley y en la Constitución”, por lo que suprimirlla requeriría de reformas legislativas y constitucionales. Barreras fue más allá al señalar que la decisión envía “un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz”, un compromiso que, recordó, “es una obligación del Estado con rango constitucional”.
El alcance de la poda y las dudas sobre la reincorporación
El plan de austeridad de De la Espriella no se limita a la consejería de paz. El presidente electo ha anunciado la eliminación de todas las consejerías y agencias que, en su criterio, “duplican funciones” dentro de la estructura del Ejecutivo. Aunque no mencionó explícitamente a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el ente encargado de diseñar e implementar las políticas de reinserción de excombatientes de grupos armados ilegales, su afirmación de que todas las agencias adscritas a la Presidencia dejarán de funcionar ha desatado una ola de incertidumbre. Frente a este panorama, Roy Barreras lanzó una pregunta clave que resuena en el debate público: “¿Quién va a responder por la vida y procesos de reintegración de los miles de excombatientes que dejaron las armas y por la reintegración de todos los que deben dejarlas para que un día tengamos paz y seguridad?”. El exembajador advirtió, además, que la ARN también tiene fundamento legal, por lo que cualquier intento de suprimirla requeriría pasar por el Congreso.
“Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
El enfrentamiento entre el presidente electo y una de las voces más representativas del establecimiento político en materia de paz, como Roy Barreras, configura el primer gran debate de la nueva administración que comenzará el próximo 7 de agosto. Mientras De la Espriella defiende su hoja de ruta basada en la austeridad y el fin de las negociaciones que él califica de “falsas”, Barreras sostiene que la paz no es una opción política sino “una obligación constitucional del Estado”. La controversia no solo gira en torno al ahorro fiscal, sino que pone sobre la mesa la pervivencia del Acuerdo de Paz de 2016 firmado con las FARC y el compromiso del Estado colombiano con los miles de excombatientes que se acogieron a él. El desenlace de esta pugna, que promete intensificarse en los próximos días, definirá el rumbo de la política de paz y seguridad de Colombia para los próximos cuatro años.
