La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch solicitó una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” tras la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien recibió un disparo mortal por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, Maine. El hecho ocurrió el pasado 13 de julio de 2026, aproximadamente a las 7:00 de la mañana (hora del Este), y según testigos presenciales, el fatídico suceso se desarrolló frente a la hija menor de la víctima, quien contaba con permiso de trabajo vigente en territorio estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes del ICE se encontraban realizando labores de vigilancia cerca de la residencia de un extranjero con orden definitiva de expulsión, cuando Durán Guerrero salió del inmueble en un vehículo. Ante el intento de los agentes por detenerlo, el conductor emprendió la huida, momento en el cual “un oficial disparó su arma por temor a la seguridad pública”. Tras el impacto, se contactó de inmediato a los servicios de emergencia, pero el colombiano falleció a causa de las heridas recibidas. Reportes iniciales indican que la víctima no era el objetivo del operativo migratorio planeado por las autoridades.
El DHS informó que el Departamento de Policía de Biddeford, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional investigan el caso para esclarecer los hechos. No obstante, tanto Human Rights Watch como la organización LatinoJustice calificaron el incidente como un “asesinato” y una “atrocidad contra los derechos humanos”. Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch, declaró que “esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE” y exigió que “las autoridades deben llevar a cabo de inmediato una investigación exhaustiva y transparente sobre el asesinato de Guerrero”.
Un patrón de violencia creciente
El caso de Johan Sebastián Durán Guerrero se suma a una tendencia alarmante. Según datos recopilados por las organizaciones defensoras de derechos migratorios, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump se han registrado al menos once tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS en todo el país. Tan solo una semana antes del suceso en Maine, un ciudadano mexicano identificado como Lorenzo Salgado perdió la vida en un operativo similar en Texas. Maine alberga aproximadamente a 30.000 personas de origen latino, lo que representa cerca del 2% de la población estatal, una comunidad que ahora observa con creciente preocupación el accionar de las autoridades migratorias.
Rex Chen, asesor jurídico de LatinoJustice, fue contundente al afirmar que “asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos”. Chen agregó que bajo el actual Gobierno se actúa con impunidad ante presuntas violaciones cometidas en el marco del control migratorio, lo que genera un clima de terror entre las comunidades indocumentadas y con estatus migratorio regular. Mientras las autoridades locales y federales adelantan las investigaciones, la comunidad colombiana en Estados Unidos y las organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de justicia para que un hecho como este no quede en la impunidad.
