En una decisión que ha generado fuerte controversia judicial y política, la Jueza 22 Penal del Circuito de Medellín declaró la nulidad de la formulación de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, y otros procesados en el marco del caso Aguas Vivas. La determinación, adoptada el pasado 14 de julio, no constituye una absolución ni una declaración de inocencia, sino que invalida la actuación procesal por errores que, según la togada, afectaron el derecho a la defensa y al debido proceso. La Fiscalía General de la Nación tiene la posibilidad de apelar la decisión o de corregir las falencias señaladas y volver a formular la imputación.
Los errores procesales que llevaron a la nulidad
La jueza determinó que la Fiscalía incurrió en varias irregularidades al momento de realizar la imputación, siendo la principal la falta de claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes. Este vicio procesal, explicó la funcionaria, impidió que los investigados ejercieran plenamente su derecho a la defensa. La decisión deja sin efectos esa actuación procesal específica, pero no invalida las pruebas recaudadas ni la existencia de la investigación en sí misma. La orden judicial es clara: la Fiscalía deberá corregir las deficiencias si pretende mantener viva la acción penal contra los implicados.
El caso Aguas Vivas investiga una presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín durante la administración de Quintero. De acuerdo con la investigación, se habría alterado la normativa urbanística para permitir la venta de un lote que, por su naturaleza, debía ser cedido gratuitamente al municipio. El valor del terreno supera los 40.000 millones de pesos, y los delitos imputados a los procesados son peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
Reacciones encontradas: mientras unos celebran, otros anuncian apelación
La decisión judicial generó reacciones inmediatas. El abogado penalista Julián Quintana fue enfático al aclarar el alcance de la nulidad. «La nulidad de la imputación de @QuinteroCalle no es una absolución ni una declaración de inocencia. La decisión solo deja sin efectos esa actuación procesal. La @FiscaliaCol puede apelar o volver a formular la imputación, corrigiendo los errores señalados por la juez», señaló en sus redes sociales.
«A quienes ya están celebrando, les tengo una mala noticia. La nulidad de una actuación no es una absolución ni el fin del #CasoAguasVivas. Apelaremos la decisión y confiamos en el Tribunal Superior de Medellín. Esto no se acaba aquí. Vamos hasta el final para que quienes le hicieron tanto daño a Medellín respondan ante la justicia. No habrá impunidad.»
Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín
Desde la Alcaldía de Medellín, tanto el secretario general Sebastián Gómez como el alcalde Federico Gutiérrez manifestaron su total inconformidad con la determinación judicial y confirmaron que apelarán la decisión. Gutiérrez, en calidad de representante de las víctimas del caso, aseguró que no permitirán que maniobras procesales dilaten el esclarecimiento de los hechos. «Respetamos las decisiones de la justicia, pero como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso», afirmó el mandatario local.
«Y que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer.»
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
La Fiscalía General de la Nación y el apoderado de las víctimas ya interpusieron el recurso de apelación contra la decisión de la jueza. La sustentación de dicho recurso está programada para el próximo jueves 6 de agosto a las 8:30 de la mañana ante el Tribunal Superior de Medellín, instancia que deberá definir si confirma o revoca la nulidad. Mientras tanto, la investigación por el desfalco al patrimonio de Medellín continúa su curso, ahora en medio de una encrucijada jurídica que definirá el futuro procesal de los involucrados.
