La jueza 22 penal del circuito de Medellín anuló la formulación de imputación contra el exalcalde Daniel Quintero y otros procesados en el caso Aguas Vivas, al detectar violaciones al debido proceso que afectaron el derecho a la defensa. La decisión, emitida el 14 de julio de 2026, ordenó a la Fiscalía corregir falencias, especialmente la falta de claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes. Quintero, quien además se desempeña como superintendente de Salud, responsabilizó directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por lo que calificó como una actuación procesal viciada.
El caso se centra en presuntas irregularidades en la restitución del lote Aguas Vivas, que según la investigación de la Fiscalía debía entregarse por cesión gratuita pero fue vendido por más de 40.000 millones de pesos tras una modificación anómala del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) durante la administración de Quintero. La jueza concluyó que los errores cometidos por el ente acusador, entre ellos la imprecisión sobre los hechos jurídicamente relevantes, vulneraron las garantías procesales de los imputados, por lo que dejó sin efecto la imputación por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. La Fiscalía tiene la posibilidad de apelar la decisión o formular una nueva imputación corregida.
Reacciones cruzadas en redes sociales
Horas después de conocerse el fallo, Daniel Quintero publicó un mensaje en su cuenta de X en el que celebró la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra la fiscal Camargo y el alcalde Gutiérrez. “Ya no lo digo yo, lo dice una juez de la república. La Fiscalía de Medellín violó el debido proceso y mi derecho a la defensa”, escribió el exmandatario local. En la misma red social, Quintero formuló preguntas que apuntan directamente al alcalde: “¿Por qué Fico siempre habló como si manejara la Fiscalía, e incluso, el texto y argumentos presentados por la fiscal eran de forma literal los que previamente el secretario general de ‘Fico’ había presentado a medios días antes?”. También cuestionó el papel del secretario general de la Alcaldía, Sebastián Gómez, y la contratación de la fiscal seccional de Medellín que llevaba el caso.
Desde la Alcaldía de Medellín, la respuesta no se hizo esperar. Sebastián Gómez, secretario general del municipio, afirmó que la nulidad no es una absolución ni el fin del caso. “A quienes ya están celebrando, les tengo una mala noticia. La nulidad de una actuación no es una absolución ni el fin del #CasoAguasVivas. Apelaremos la decisión y confiamos en el Tribunal Superior de Medellín. Esto no se acaba aquí. Vamos hasta el final para que quienes le hicieron tanto daño a Medellín respondan ante la justicia. No habrá impunidad”, declaró Gómez.
«Respetamos las decisiones de la justicia, pero como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso. Y que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer».
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
El abogado penalista Julián Quintana aportó una visión técnica fundamental para entender el alcance de la decisión. “La nulidad de la imputación de @QuinteroCalle no es una absolución ni una declaración de inocencia. La decisión solo deja sin efectos esa actuación procesal. La @FiscaliaCol puede apelar o volver a formular la imputación, corrigiendo los errores señalados por la juez”, explicó Quintana en su cuenta de X.
Lo que sigue en el proceso
Las apelaciones contra la nulidad se sustentarán el 6 de agosto de 2026 a partir de las 8:30 de la mañana ante el Tribunal Superior de Medellín. La Alcaldía, que actúa como víctima en el proceso, ha anunciado que recurrirá la decisión. La Fiscalía, por su parte, deberá decidir si apela o si presenta una nueva imputación subsanando los defectos señalados por la jueza. Mientras tanto, la investigación penal sigue abierta y los hechos que dieron origen al caso –la venta del lote Aguas Vivas por más de 40.000 millones de pesos tras una presunta manipulación del POT– continúan siendo materia de indagación judicial. La jueza dejó claro que la nulidad cobija a todos los procesados, entre ellos exfuncionarios de la administración Quintero y particulares, aunque no se han revelado los nombres completos de los otros implicados.
Daniel Quintero, en su intervención en redes, también preguntó: “¿Por qué si pedí que el caso fuera llevado por una fiscal de Bogotá o que se hicieran mesas técnicas con expertos en este tipo de temas, se permitió la violación al debido proceso que el país ha visto?”. La polémica está servida y el caso Aguas Vivas promete nuevos capítulos en los estrados judiciales de Medellín.
