La Contraloría General de la República reveló un grave hallazgo fiscal en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tras una auditoría financiera practicada a la vigencia 2025. El ente de control detectó irregularidades que ascienden a 33.009 millones de pesos, configurando un presunto detrimento al patrimonio público por la entrega de bienes a beneficiarios sin los soportes correspondientes, la imposibilidad de verificar la ubicación física de estos activos y la omisión de su registro contable. Este hallazgo, que tiene connotación fiscal, se suma a un total de 23 hallazgos administrativos identificados en la entidad, de los cuales 18 presentan presunta incidencia disciplinaria.
La evaluación realizada con corte al 31 de diciembre de 2025 no solo puso en evidencia fallas en la calidad y confiabilidad de los registros contables de la Unidad, sino que también reveló una preocupante ejecución presupuestal. De una apropiación vigente total de 4,4 billones de pesos, la entidad solo logró ejecutar obligaciones por 2,2 billones, lo que representa un magro 50,36 por ciento del gasto comprometido. Este rezago de cerca de 2 billones de pesos, según la Contraloría, afectó directamente el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos programados para la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado interno, misión principal de la entidad.
Detalles del detrimento y fallas contables
El hallazgo fiscal más significativo, por 33.009 millones de pesos, se centra en la ausencia total de soportes que acrediten la entrega efectiva de bienes a los beneficiarios finales, sumado a la imposibilidad física de ubicar dichos activos y su omisión en los estados financieros. La Contraloría advirtió que esta situación configura un daño cierto de pérdida al patrimonio público. Adicionalmente, el organismo de control identificó fallas en el reconocimiento contable de recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en calidad de donaciones, lo que profundiza las deficiencias administrativas y financieras de la Unidad.
Baja ejecución y gestión insuficiente
El análisis de la ejecución presupuestal de la Unidad para las Víctimas durante la vigencia 2025 mostró que, si bien se comprometió el 97,85 por ciento del gasto, las obligaciones efectivamente ejecutadas se quedaron en la mitad del presupuesto disponible. La Contraloría señaló que, aunque la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución de los recursos, estas no fueron suficientes para alcanzar el gasto previsto. Este bajo desempeño no solo impacta la capacidad operativa de la entidad, sino que también pone en riesgo la materialización de las políticas públicas asociadas a discapacidad, posconflicto y equidad de género, entre otras, que fueron incluidas en la auditoría financiera. Los resultados de esta revisión fueron comunicados oficialmente por la Contraloría General de la República, estableciendo un panorama crítico sobre la gestión fiscal de una de las entidades más sensibles del Estado colombiano.
