La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación penal contra el general (r) Jhon Rojas, quien estaba siendo indagado por presuntos nexos con grupos ilegales del Cauca. La decisión reabre el debate sobre las circunstancias que rodearon su salida del Ejército, ocurrida durante el gobierno de Gustavo Petro cuando Iván Velásquez fungía como ministro de Defensa, y alimenta las sospechas de que en su contra se habría tejido un montaje desde las propias filas castrenses.
En el centro de la polémica aparece un audio revelado por la revista Semana, en el que el entonces comandante del Ejército, general (r) Luis Mauricio Ospina, le dice a Rojas que su retiro fue “orden del ministro”. La grabación, que capta un encuentro informal en un centro comercial del norte de Bogotá, muestra a un Rojas reclamando por el trato recibido y a Ospina respondiendo con evasivas. “Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del ministro”, se escucha decir al excomandante. En otro aparte, Ospina lamenta: “La honra no se la devuelven a uno”. La conversación deja entrever que ambos se sintieron atacados por sectores internos que, según Ospina, tenían “ambición del poder” y no querían que Rojas estuviera en proyección mientras él ocupaba el cargo.
Un informe bajo sospecha y el testimonio de un teniente
La investigación inicial contra Rojas se sustentó en un informe firmado por varios generales que señalaba supuestos vínculos del oficial con estructuras criminales del Cauca. Con base en ese documento, el Gobierno lo separó del servicio sin esperar el resultado final de las pesquisas fiscales. Sin embargo, el teniente Fredy Acuña declaró que recibió órdenes de hacer labores de contrainteligencia contra Rojas y su familia, y de inflar el valor de su vivienda hasta los 4.000 millones de pesos. Acuña afirmó que esa información “no era cierta” y pidió perdón por haber participado en la maniobra, la cual, según su versión, fue ordenada por un coronel que le instruyó alterar los datos patrimoniales del oficial.
“Como recompensa lo deberían reintegrar”
Julián Quintana, exdirector del CTI y abogado
El abogado Julián Quintana, quien fungió como director del CTI, ha sido uno de los voceros más activos en la defensa de Rojas. Quintana comparó el caso con el del almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue reconocido como víctima de un entrampamiento tras un extenso proceso judicial, y pidió que se abra una nueva línea investigativa para establecer cómo se fraguó el presunto montaje dentro del Ejército. Además, sugirió que el general Rojas debería ser reintegrado como una forma de reparación.
El nombre del general Federico Mejía, actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército, aparece en el informe que sirvió de base para la salida de Rojas. Mejía tiene investigaciones activas en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre ellas por presunta participación en concierto para delinquir, lo que añade más capas a un escándalo que sacude la cúpula militar. Mientras tanto, Iván Velásquez, quien era ministro de Defensa en el momento del retiro de Rojas, hoy se desempeña como embajador de Colombia ante el Vaticano.
Con el archivo de la investigación penal, el general Rojas queda sin señalamientos judiciales, pero el debate sobre su salida del Ejército y la existencia de un posible montaje interno está lejos de cerrarse. Las preguntas sobre quién ordenó la contrainteligencia y con qué propósito siguen sin respuesta, mientras el teniente Acuya, el abogado Quintana y los audios filtrados mantienen viva la controversia en los pasillos del poder militar y político del país.
