Un nuevo audio revelado por Caracol Radio ha puesto en el centro del debate público las razones detrás de la salida del general Jhon Jairo Rojas del Ejército Nacional. En la grabación, el general en retiro Luis Mauricio Ospina le confirma a Rojas que su desvinculación no obedeció a un conflicto interno en la institución castrense, sino a una orden directa del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. La conversación, que data de meses atrás, ha sido calificada por la defensa de Rojas como la evidencia más sólida de una presunta persecución institucional en su contra, forjando una denuncia penal que se presentó ante la Fiscalía General de la Nación desde mayo de 2024.
El diálogo entre los dos oficiales retirados revela la existencia de documentos y decisiones que, según la defensa, apuntan a una acción coordinada desde el Ministerio de Defensa para forzar la salida de Rojas. En la grabación, Ospina es claro al afirmar: “Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después, cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del Ministro”. Esta declaración, obtenida por la emisora, se suma a un conjunto de pruebas que la defensa, liderada por el abogado Víctor Mosquera, ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
La línea de tiempo del presunto montaje
La cronología del caso, según los documentos aportados por la defensa, muestra un proceso que se aceleró entre septiembre de 2023 y mayo de 2024. El 22 de septiembre de 2023 se habrían elaborado tres informes que vinculan al general Rojas con grupos armados, documentos que, sin contar con pruebas concluyentes, fueron radicados ante la Fiscalía apenas tres días después, el 25 de septiembre del mismo año. A pesar de no haberse confirmado la veracidad de estas acusaciones, la defensa sostiene que este fue el primer paso de un plan que culminó en una desvinculación injusta. En este contexto, el abogado Víctor Mosquera explicó a la revista Semana que “en defensa de sus derechos, esta Firma ha promovido diversas acciones legales; entre ellas, desde el mes de mayo de 2024, se interpuso denuncia penal contra los oficiales del Ejército Nacional que participaron en las actuaciones relacionadas con la persecución física y legal del general”.
La intervención del Ministerio de Defensa en decisiones militares internas es uno de los aspectos más delicados del caso. Según la defensa, el audio que involucra al general Ospina y a Rojas deja en evidencia que la salida del oficial “habría obedecido a directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa”, elementos que, en palabras de Mosquera, “constituyen un elemento de especial relevancia que fortalece la tesis sostenida por esta defensa desde el inicio de su representación jurídica: el General Rojas fue víctima de una persecución institucional que derivó en su injusta desvinculación del Ejército Nacional”.
«Habría obedecido a directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa, constituyen un elemento de especial relevancia que fortalece la tesis sostenida por esta defensa desde el inicio de su representación jurídica: el General Rojas fue víctima de una persecución institucional que derivó en su injusta desvinculación del Ejército Nacional».
Víctor Mosquera, abogado defensor del general Rojas (a la revista Semana)
En la grabación, Ospina no solo se refiere a la orden del ministro, sino que también menciona la existencia de supuestos documentos, el involucramiento de fiscales, la participación del inspector Reyes y la entrega de un “paquete” informativo. Asimismo, el general retirado expresa el daño personal y familiar que ha sufrido a raíz de los ataques internos y los señalamientos desproporcionados que estos hechos han generado. Mientras la defensa del general Rojas espera que la Fiscalía actúe con celeridad, el caso deja en evidencia un profundo debate sobre la autonomía de las fuerzas militares y la injerencia política en sus decisiones internas. La denuncia, que incluye el audio como prueba central, busca determinar quiénes fueron los responsables de lo que la defensa califica como una persecución que truncó la carrera de un oficial que, según su entorno, tenía méritos para ascender en la línea de mando del Ejército Nacional.
