El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona deberá cumplirla en las instalaciones del Comando de Policía Metropolitana de Maizales, determinó la sentencia.
Conocido hoy en fallo del incidente desacato que sancionó con arresto de dos días al Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, por desacato a ordenes impartidas por la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, también se pudo determinar que la misma incluye a los alcalde de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, y Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, quienes fueron sancionados con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos.
Marlon Tamayo, Alcalde de Riosucio
Marco Antonio Londoño Zuluaga, alcalde de Supía
Entre tanto la sanción al gobernador Velásquez, revelada desde el pasado viernes por La Veintitrés, incluye una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Indica además la providencia que el mandatario seccional deberá cumplir la sanción en las instalaciones de Comando de la Policía Metropolitana de Manizales, mientras que los alcaldes deberán hacerlo en las dependencias de la misma institución armada de sus respectivos municipios.
Advirtió la sección de la JEP que estudio y halló culpable de desacato a los tres funcionarios que “actuaron con culpa grave con inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime a sus actuaciones”. Indicó además que pese a que pudieron actuar de manera diligente no lo hicieron, ni siquiera buscaron alternativas en plazos razonables para dar cumplimiento a las órdenes impartidas”.
Agregó la JEP en su decisión que quedó en el proceso “plenamente acreditado el incumplimiento objetivo de las decisiones enunciadas, así como el carácter doloso de tal conducta por parte de Luis Alberto Velásquez Cardona – Gobernador de Caldas-, Marlon Alexander Tamayo Bustamante y Marco Antonio Londoño Zuluaga, Alcalde del Supía.
Tanto el gobernador Velasquez como los dos alcaldes debían cumplir órdenes impartidas por la Jurisdicción Especial para La Paz, relacionadas con la protección y acompañamiento a una comisión ve verificación e investigación, que adelantabas tareas para ubicar cerca de 50 desaparecidos que se presume fueron inhumados en 15 sitios del territorio indígena de los municipios de Riosucio y Supía, el cementerio El Carmen de Riosucio, el Cementerio San Nicolás de la localidad de San Lorenzo en el mismo municipio, y el Cementerio Municipal de Supía.
Lea aquí el texto completo de la decisión de la JEP contra el Gobernador de Caldas y los alcaldes de Supio y Riosucio.
