La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), elevó una alerta contundente frente al anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de suprimir más de 200 cargos en la estructura del Ejecutivo. En un pronunciamiento oficial, el organismo advirtió que esa reestructuración administrativa, que busca un ahorro de 10.000 millones de pesos al año, no puede desmantelar la arquitectura institucional creada para ejecutar el Acuerdo de Paz de 2016, por tratarse de una política de Estado con blindaje constitucional. El choque entre la administración saliente y la entrante se abre así a menos de un mes de la posesión del nuevo mandatario, prevista para el 7 de agosto de 2026.
La propuesta del equipo de De la Espriella plantea la eliminación de consejerías, agencias y dependencias dentro del Dapre, incluyendo aquellas que la UIAP considera fundamentales para el seguimiento del pacto firmado con la extinta guerrilla de las Farc. La decisión, justificada desde el entorno del presidente electo como un recorte de duplicidades, implicaría la supresión de cerca de 229 cargos. Sin embargo, la unidad de implementación recalcó que el Acuerdo de Paz fue incorporado al bloque de constitucionalidad colombiano mediante la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró un Estado de Cosas Institucional sobre su cumplimiento, y que la Corte Constitucional ha emitido órdenes en los autos 1417 de 2025, 089 y 599 de 2026 que obligan a mantener y fortalecer la institucionalidad creada para su ejecución.
Incertidumbre y llamado a la comunidad internacional
El comunicado de la UIAP subraya que cualquier decisión administrativa de reestructuración no puede, por sí sola, desconocer el marco constitucional que blinda el acuerdo. “Los anuncios reiterados en ese sentido generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del acuerdo final”, señala el texto oficial. La entidad, que coordina la implementación del pacto y maneja indicadores de resultado del Plan Marco que ascienden a 36 y 67 municipios PDET con instrumentos asignados, advirtió que la eliminación de cargos podría paralizar procesos clave en las regiones más afectadas por el conflicto.
«Ninguna decisión administrativa de reestructuración puede, por sí sola, desconocer este marco constitucional ni desmantelar la institucionalidad creada para hacerlo efectivo. Los anuncios reiterados en ese sentido generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del acuerdo final».
Comunicado oficial de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP)
Ante la inminencia del cambio de gobierno, la UIAP convocó a países garantes, a la Misión de Verificación de la ONU, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al Fondo Multidonante para la Paz y a organizaciones sociales, de mujeres, víctimas y derechos humanos a mantenerse vigilantes. Además, pidió a la Corte Constitucional que continúe y fortalezca su verificación sobre el cumplimiento del acuerdo. De la Espriella, mientras tanto, defiende la medida como un ahorro indispensable y asegura que las funciones de las dependencias suprimidas serán trasladadas a ministerios y entidades con mandato legal, aunque no ha especificado cómo se garantizaría la continuidad del trabajo de la unidad. La controversia promete intensificarse en las próximas semanas, con el Acuerdo de Paz como telón de fondo de una transición que ya muestra sus primeras fisuras.
