Estados Unidos felicitó este miércoles a Abelardo de la Espriella por su reciente victoria electoral durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, mientras que el secretario general del organismo, António Guterres, pidió mantener la continuidad del Acuerdo de Paz de La Habana frente al relevo presidencial previsto para el 7 de agosto. La intervención del embajador estadounidense ante la ONU, Jeff Bartos, y el informe presentado por la Misión de Verificación de la ONU sobre Colombia, que abarca del 27 de marzo al 26 de junio de 2026, centraron el debate en la necesidad de garantizar una transición pacífica y proteger los logros del proceso de paz firmado en 2016.
Bartos fue enfático al respaldar el proceso democrático colombiano y advirtió contra cualquier intento de desestabilización. «Estados Unidos reitera su postura de que no hay lugar para la violencia política ni para inmiscuirse en la voluntad que ha expresado libremente el pueblo colombiano. Cualquier amenaza para impedir el proceso democrático y un traspaso de poder pacífico y sin sobresaltos son inaceptables», declaró el diplomático, haciendo referencia al clima de tensión que rodeó las elecciones, marcado por el asesinato del senador Uribe durante el ciclo electoral. La felicitación a De la Espriella, quien resultó electo en segunda vuelta el pasado 29 de junio con una participación del 60 % de los 41 millones de votantes habilitados, se produjo en medio de la preocupación de Washington por la violencia política, la inestabilidad, el cultivo y la producción ilegal de drogas, y las acciones de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en Colombia.
Llamado a preservar los avances del Acuerdo de Paz
Por su parte, António Guterres instó a las autoridades colombianas a no retroceder en la implementación del Acuerdo de Paz, que ha enfrentado rezagos significativos en varias regiones del país. «Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales», señaló el secretario general de la ONU durante la sesión del Consejo de Seguridad. El informe de la Misión de Verificación, dado a conocer en la misma jornada, documenta una realidad preocupante: las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación del acuerdo ha sido insuficiente, lo que refuerza la tesis de que las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa, según citó el propio informe.
«Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales»
António Guterres, secretario general de la ONU
El panorama que revela el informe es sombrío. Desde la firma del acuerdo con las extintas Farc en 2016, 493 excombatientes han sido asesinados, mientras que más de 11.000 personas permanecen en proceso de reincorporación. Solo entre finales de marzo y principios de junio de 2026, más de 5.200 personas fueron desplazadas forzadamente, y cerca de 9.600 se encontraron confinadas en siete departamentos debido a emergencias humanitarias. Además, al menos 316.000 personas en Cauca y zonas de la Amazonia sufrieron restricciones de movilidad y acceso a servicios básicos. La violencia también cobró la vida de 33 líderes sociales en el mismo periodo, entre ellos mujeres, indígenas, afrocolombianos y campesinos, según denuncias recibidas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Más de la mitad de los desplazados y confinados pertenecían a comunidades étnicas, lo que subraya el impacto desproporcionado de la crisis humanitaria sobre poblaciones vulnerables.
Ante este escenario, la ONU anunció que Miroslav Jenča, representante especial para Colombia, sostendrá contactos con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella para conocer sus prioridades y ofrecer apoyo técnico en la implementación del Acuerdo de Paz. Los mecanismos de protección previstos en el acuerdo, fundamentales para garantizar la seguridad de excombatientes y comunidades, siguen pendientes de aprobación e implementación, lo que agrava la situación en los territorios más golpeados por la violencia. La comunidad internacional observa con atención la transición del 7 de agosto, confiando en que el nuevo mandatario asuma el compromiso de profundizar la paz y enfrentar los retos humanitarios que persisten en el país.
