El Gobierno de Gustavo Petro aceleró la adjudicación de contratos estatales en las dos semanas posteriores al levantamiento de la veda electoral, firmando un total de 1.533 contratos por 2,42 billones de pesos, según un análisis de la Unidad de Datos de El Tiempo basado en registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). La contratación se concentró en 149 entidades del orden nacional, que comenzaron a operar sin restricciones tras el fin de la Ley de Garantías Electorales, la cual había limitado la contratación directa entre el 31 de enero y el 21 de junio para evitar irregularidades durante el proceso electoral.
El análisis, que excluyó dependencias territoriales, regionales, seccionales y locales para centrarse exclusivamente en entidades nacionales, revela que la mayoría de los contratos se realizaron mediante la modalidad de contratación directa, con 733 firmas que representan el 49,1 % del total. A estas se sumaron 15 contratos con ofertas y cuatro bajo la Ley 1150 de 2007. El periodo analizado corresponde a las dos semanas siguientes a las elecciones presidenciales, con el mandato de Petro a menos de 30 días de su conclusión, prevista para el 7 de agosto de 2026.
Invías concentró tres cuartas partes del monto total
El Instituto Nacional de Vías (Invías) se destacó como la entidad que más recursos comprometió, con 19 contratos por 1,82 billones de pesos, equivalentes al 75,2 % del total adjudicado. El mayor contrato individual fue por 650.399 millones de pesos, otorgado al Consorcio Variante Oriental 057. En conjunto, las diez entidades que más recursos comprometieron concentraron el 90,6 % del monto total, lo que evidencia una alta concentración en unas pocas instituciones.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) registró el mayor número de contratos, con 328 firmas que representan el 21,4 % del total, todas por contratación directa y por un monto de 17.678 millones de pesos. Le siguieron el Icetex, con 168 contratos por 9.024 millones, e Inravisión, con 99 contratos por 11.307 millones. En el Hospital Central de la Policía se firmaron 85 contratos por 3.879 millones, casi todos directos para servicios de médicos especialistas, mientras que el Hospital Militar Central suscribió 38 contratos por 6.269 millones, distribuidos entre suministros, prestación de servicios, una obra y otros rubros.
Otras entidades con grandes adjudicaciones
El Ministerio del Interior adjudicó tres contratos por 79.658 millones de pesos, equivalentes al 3,29 % del total, dos de ellos con la empresa NewSat S.A.S. por 79.580 millones para infraestructura tecnológica. La Rama Judicial firmó nueve contratos por 64.042 millones (2,64 %), con la mayor adjudicación para ETB por 30.522 millones y para la UT por el CSJ 2026 por 25.502 millones. La Unidad Nacional de Protección (UNP) suscribió 19 contratos por 41.298 millones, destacando el otorgado a GMW Security Rent a Car por 32.570 millones.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) firmó diez contratos por 36.201 millones, con el principal dirigido a la UT encabezada por La Previsora por 25.759 millones. La Fuerza Aeroespacial realizó 23 contratos por 36.145 millones, mientras que la Dirección de Logística y Operaciones (Dilof) suscribió 22 contratos por 34.687 millones, siendo el mayor con el Consorcio Ikuna 2026 por 19.454 millones para la adquisición de botas de servicio. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó tres contratos por 34.054 millones, el más alto con el Consorcio Vial Girardot CC por 33.685 millones para interventoría, y la Fiscalía General de la Nación firmó 15 contratos por 28.630 millones, con el mayor dirigido a Mantenimiento FGN por 19.647 millones para obras.
El levantamiento de la veda electoral, que había restringido la contratación directa durante casi cinco meses para prevenir posibles irregularidades en plena campaña, desató una avalancha de firmas que ahora queda al descubierto con estas cifras. La rapidez con la que se adjudicaron los recursos, en un contexto de fin de mandato, ha puesto el foco en la transparencia y la urgencia de las necesidades que buscan cubrir estos contratos.
