En plena transición administrativa, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, solicitó formalmente aplazar la adjudicación de 48 contratos por un valor superior a los 6.402 millones de pesos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), hasta que el equipo de empalme revise en detalle la documentación correspondiente. La petición fue elevada mediante una carta dirigida al director general de la Andje, César Palomino Cortés, justo el mismo miércoles 15 de julio en que estaba programado el comité de contratación que evaluaría esos procesos. La misiva también fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, como organismos de control.
Cancino explicó que su inquietud no radica en la validez jurídica de los procesos, sino en «la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional» de aprobar un «número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración», que dejaría compromisos de largo plazo para el próximo Gobierno, el cual asumirá el 7 de agosto con Abelardo de la Espriella. El funcionario designado recordó que el levantamiento de la Ley de Garantías Electorales no obliga a adelantar estos procesos, y que «es válido también abstenerse de hacerlo».
Revisión exhaustiva en tres días
En la comunicación, Cancino exigió que la Andje entregue, en un plazo de tres días, el detalle de cada uno de los 48 procesos contractuales, incluyendo objeto, cuantía, modalidad de selección, respaldo presupuestal, vigencias futuras y estudios previos. También pidió que se justifique por qué estos contratos no pueden diferirse a la próxima administración. La solicitud abarca, además, una revisión sobre posibles vínculos con otros contratos recientes de la Andje, con el fin de descartar un eventual fraccionamiento contractual.
«No es la validez jurídica de dichos procesos lo que motiva esta comunicación, sino la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional»
Iván Cancino, ministro de Justicia designado
La Andje es la entidad encargada de representar y defender los intereses jurídicos del Estado colombiano ante procesos judiciales, arbitrales y de conciliación. Aunque el equipo de empalme reconoce que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene facultades legales para contratar hasta el 7 de agosto, Cancino considera que aprobar en una sola sesión un paquete de 48 contratos por más de 6.400 millones de pesos, que en su mayoría comprometen vigencias futuras y recursos públicos de largo plazo, no es conveniente para la institucionalidad. La decisión final sobre el aplazamiento queda ahora en manos de la Andje, mientras los organismos de control evalúan la pertinencia del requerimiento.
