La audiencia de conciliación entre el presidente saliente Gustavo Petro y los demandantes Ramiro Bejarano y la Fundación Dilo Colombia fue declarada fallida este miércoles 15 de julio en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que el proceso judicial por presunto fraude electoral continuará su curso ordinario. La diligencia, presidida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, no logró un pacto de cumplimiento entre las partes, lo que obliga a avanzar con la práctica de pruebas en el marco de la acción popular presentada contra las declaraciones del mandatario sobre un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral del 21 de junio, en la que resultó ganador Abelardo de la Espriella.
La demanda, interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación Dilo Colombia, cuestiona las afirmaciones de Petro, quien desde la investidura presidencial y sin soportes públicos verificables denunció un fraude masivo, manipulación de software electoral, irregularidades en formularios y riesgos en el kit de votación. El proceso busca determinar si esas declaraciones pusieron en riesgo la confianza ciudadana y la transparencia electoral, en un contexto donde la segunda vuelta enfrentó a un candidato del progresismo, alineado con Petro, contra un candidato de la extrema derecha y opositor.
Postura de la defensa y tensiones en la audiencia
Durante la audiencia, el abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza, defendió la integridad del sistema electoral colombiano y sostuvo que las advertencias del presidente sobre un posible fraude enriquecen el debate democrático. “Estas habían sido unas elecciones especialmente transparentes, organizadas y con controles inéditos”, afirmó Carranza, quien además cuestionó a la contraparte al preguntar: “¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado?”. En su intervención, el jurista argumentó que las declaraciones de Petro se basan en lo que denominó “pruebas de un fraude masivo”, aunque hasta el momento no se han presentado públicamente esos soportes.
“¿Ganó el candidato del progresismo, que tenía una línea ideológica compartida con el presidente Petro? ¿O ganó un candidato de la extrema derecha y opositor? Ahí es donde se ve que el sistema electoral funciona, es transparente y que las advertencias lo que hacen es enriquecer el debate”.
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro
El ambiente en la sala se tensó cuando Carranza acusó a la contraparte de confabular con la Procuraduría General de la Nación en contra de Petro, lo que motivó una solicitud de sanción que fue rechazada por el magistrado Lasso Lozano. El juez hizo un llamado verbal al abogado para moderar su tono y evitar señalamientos impropios, subrayando la necesidad de mantener el respeto dentro del proceso judicial. El caso ha generado atención en círculos políticos y académicos por el alcance de la responsabilidad presidencial en la defensa de la institucionalidad electoral, mientras el tribunal dispuso continuar con la práctica de pruebas para esclarecer si las afirmaciones de Petro constituyeron un riesgo para la confianza ciudadana.
