La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (Uiafp), Gloria Cuartas, presentó el miércoles 15 de julio de 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, dirigidos contra Rodrigo Londoño Echeverri y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016. El documento, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, fue sustentado en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004, y Cuartas actuó tanto en su calidad de ciudadana como de funcionaria pública.
La denuncia se fundamenta en manifestaciones públicas que De la Espriella habría realizado contra los firmantes de paz, en un contexto que la directora de la Uiafp calificó como de violencia persistente contra esta población. Además, el escrito menciona presuntos actos de violencia de género contra Pilar Rueda Jiménez, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La noticia se reporta como en desarrollo, y el caso ha generado reacciones en el ámbito político y de derechos humanos del país.
Denuncia por hostigamiento e instigación
En el documento presentado ante la Fiscalía, Cuartas advierte que las expresiones del presidente electo ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de los firmantes de paz y sus familias. La denuncia penal incluye tres delitos específicos: hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, todos ellos tipificados en el Código Penal colombiano. La directora de la Uiafp señaló que estas conductas se enmarcan en un patrón de estigmatización que amenaza la implementación del Acuerdo de 2016.
«Me permito poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una serie de hechos que, por su gravedad y por el contexto persistente de violencia que afecta la población firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, ameritan el inicio de las investigaciones penales a que haya lugar, así como la adopción de medidas que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, resulten necesarias para contribuir a la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las y los firmantes de paz y sus familias, y a las distintas formas organizativas que los representan».
Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz
La denuncia contra Abelardo de la Espriella, quien resultó electo en las pasadas elecciones presidenciales, se suma a las tensiones políticas que rodean la implementación del Acuerdo de Paz. Mientras tanto, desde la Uiafp se espera que la Fiscalía inicie las investigaciones pertinentes y adopte medidas cautelares para proteger a la población firmante, que según organismos de derechos humanos continúa siendo víctima de amenazas y asesinatos en distintas regiones del país. El caso permanece en desarrollo, y se espera que en los próximos días la Fiscalía se pronuncie sobre la admisión de la denuncia.
