El Gobierno colombiano presentó oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026 el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un instrumento normativo de diez años que contiene 200 acciones estratégicas para articular las políticas públicas en la materia. El acto de lanzamiento, que se realizó en Bogotá, fue encabezado por la consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, Lourdes Castro García, y contó con la presencia del representante de la Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos, Scott Campbell, así como delegados de organismos internacionales y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El plan, firmado mediante decreto por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, busca responder a lo que Castro García calificó como “una deuda histórica de más de 30 años” en la protección de los derechos fundamentales.
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos fue diseñado de manera participativa, con el respaldo de ONU Derechos Humanos y la comunidad internacional, y se enmarca en los tratados internacionales, la Constitución y el Acuerdo Final de Paz de 2016. Su objetivo es superar la dispersión de competencias y la duplicidad de esfuerzos que durante décadas han caracterizado la gestión estatal en esta área, estableciendo un “modelo de intervención articulado” que será coordinado desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El plan integra una batería de enfoques diferenciales y transversales, que incluyen derechos humanos, curso de vida, niñez y adolescencia, género, orientaciones sexuales e identidades diversas, étnico, campesino, discapacidad, territorial rural, víctimas del conflicto armado y seguridad humana.
Un plan vinculante con mecanismos de seguimiento
El decreto 0585, que formaliza el plan, establece que las acciones son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de la Rama Ejecutiva y servirán como orientación para los gobiernos locales y órganos autónomos. Para garantizar su implementación, se creó un sistema de información único y obligatorio, así como un Comité Técnico Operativo encargado de la verificación de resultados. La participación social, además, tiene carácter vinculante: las entidades deberán proporcionar información, desarrollar un diálogo abierto y facilitar la ejecución mediante convenios de asociación. El plan cuenta con una financiación que se basa en las apropiaciones presupuestales existentes, complementada con apoyos nacionales e internacionales, y la esencia normativa solo podrá modificarse mediante un nuevo trámite de decreto.
“Una deuda histórica de más de 30 años con la que estamos logrando una acción efectiva para la protección de los Derechos Humanos”.
Lourdes Castro García, consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH
La consejera Castro García, en diálogo con Blu Radio, destacó que el plan busca enfrentar problemáticas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de acceso a la justicia, problemas que han sido señalados de manera recurrente por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y organismos internacionales. Scott Campbell, representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, subrayó durante el acto que “será fundamental que exista una voluntad política sostenida, más allá de los cambios de gobierno, y que las acciones previstas cuenten con los recursos financieros y humanos, y las capacidades necesarias para hacer realidad el plan y lograr mayor respeto, protección y garantía de derechos humanos”.
El anuncio de este primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se produce en el marco del gobierno del presidente Gustavo Petro y responde a una demanda que, según las autoridades, llevaba más de tres décadas sin una respuesta institucional articulada. El instrumento atiende las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y del Acuerdo Final de Paz de 2016, y busca superar el “bloqueo institucional” y la “corriente de ineficacia” señalados tanto por la Corte Constitucional como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con un horizonte de diez años, el plan podrá ser ajustado a partir de los controles de avance que establece el decreto, pero su estructura normativa central permanecerá inalterable a menos que se tramite un nuevo decreto.
