Un preocupante aumento del 146 % en ataques con drones cargados con explosivos durante los primeros cinco meses de 2026 encendió las alarmas de la Fundación Barco, que advierte sobre el nuevo riesgo que esta modalidad representa para la población civil en Colombia. Entre enero y mayo de este año se registraron 121 incidentes de este tipo, principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, donde grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las Farc, han incorporado estos artefactos aéreos como herramienta de guerra.
El impacto en la población es devastador. Según el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), los ataques con drones dejaron 145 personas heridas y 21 fallecidas en el período analizado. De ese total, el 32 % de las víctimas corresponde a civiles que no eran el objetivo principal de los ataques, pero que resultaron afectados en sus viviendas, caminos veredales y espacios comunitarios. La Fundación Barco subraya que entre los damnificados hay menores de edad, lo que agrava aún más la crisis humanitaria.
Una amenaza que se desplaza al aire
La organización humanitaria señala que esta modalidad transforma radicalmente los riesgos para las comunidades, que antes estaban asociados principalmente a minas antipersonal y municiones sin explotar en tierra. Ahora, los artefactos explosivos pueden ser desplegados desde el aire, lo que amplía el alcance del peligro a zonas que antes se consideraban seguras. Un video difundido recientemente muestra el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales en Jamundí, Valle del Cauca, evidenciando la capacidad de ataque en entornos tanto rurales como cercanos a centros poblados.
La Fundación Barco alerta que la respuesta institucional debe ajustarse urgentemente a esta amenaza más compleja. El número de personas que requieren protección frente a artefactos explosivos pasó de 607.910 en 2024 a 812.966 en 2026, un incremento del 33,7 % que refleja la creciente exposición de la población. La organización pide fortalecer los sistemas de alerta temprana, ampliar la educación sobre el riesgo de artefactos explosivos y mejorar la coordinación entre autoridades, organismos humanitarios y actores locales para enfrentar esta nueva realidad del conflicto armado colombiano.
