En un hecho histórico para el movimiento obrero colombiano, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0650 del 26 de junio de 2026, mediante el cual se reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva víctima de la violencia antisindical. La norma, presentada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordena a todas las entidades del Estado destinar recursos específicos y ejecutar planes de protección para devolver la dignidad, proteger los derechos y fortalecer la libertad de asociación de los trabajadores en el país.
La decisión gubernamental se fundamenta en un diagnóstico oficial que documenta más de 15.300 violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas entre 1971 y 2024, periodo en el que se registraron más de 3.200 asesinatos, de los cuales 955 correspondieron a dirigentes sindicales. La impunidad que rodea estos crímenes alcanza el 78%, según datos de la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad y la Escuela Nacional Sindical, citados por el Ministerio de Trabajo.
Un acto de justicia histórica
Durante la presentación del decreto, el ministro Antonio Sanguino subrayó el significado político de esta medida. “Hemos querido dejar un mensaje político claro de que hay una ruta de reparación colectiva y que es un acto de justicia reconocer al movimiento sindical como sujeto de reparación. Esto es una condición para garantizar verdad y justicia, pero también para que no se repita esta horrible noche para las y los trabajadores”, afirmó el funcionario. Sanguino también vinculó la violencia antisindical con un conflicto político y económico de larga data, señalando que “el movimiento sindical fue una fuerza que se decidió a construir poder obrero y popular. Esto chocó de frente con los intereses del poder establecido y del gran capital, dando origen a la violencia antisindical, la cual tiene enormes raíces políticas y se presentó como una acción despiadada, cruel y criminal”.
“Hemos querido dejar un mensaje político claro de que hay una ruta de reparación colectiva y que es un acto de justicia reconocer al movimiento sindical como sujeto de reparación. Esto es una condición para garantizar verdad y justicia, pero también para que no se repita esta horrible noche para las y los trabajadores”.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
El decreto, que cuenta con asistencia técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP), no solo establece la obligación de las entidades públicas de incorporar recursos y desarrollar acciones concretas, sino que también ordena el fortalecimiento de los esquemas de protección con un enfoque diferencial que prioriza a mujeres, comunidades étnicas y trabajadores en territorios de alto riesgo. Además, incluye la protección de sedes sindicales y espacios organizativos amenazados, integrando perspectivas de género, territorial, sectorial, étnica y de ciclo de vida.
El Ministerio de Trabajo informó que ya se encuentra trabajando con las organizaciones sindicales en un plan de acción inmediato para poner en marcha las disposiciones del decreto, con el objetivo de comenzar a saldar una deuda histórica con un movimiento que, durante décadas, fue estigmatizado como subversivo y sometido a una persecución sistemática. Con esta norma, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca sentar las bases para la no repetición de la violencia antisindical y avanzar en la construcción de una paz estable y duradera que incluya a todos los sectores de la sociedad colombiana.
