Un grupo de siete congresistas de la oposición, pertenecientes a los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, entregó formalmente al comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella un informe de más de 40 páginas que documenta al menos 30 presuntas irregularidades en la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Los representantes Carolina Arbeláez, Julio César Triana, Jorge Méndez, Andrés Forero, Hernán Darío Cadavid, Juan Fernando Espinal y Christian Garcés presentaron el documento como un insumo para la auditoría del proceso de transición que culminará el próximo 7 de agosto, cuando De la Espriella asuma el cargo. El informe abarca el período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de agosto de 2026, tiempo en el que los legisladores recopilaron hallazgos basados en debates de control político, derechos de petición, audiencias públicas, mesas técnicas, revisión de documentos y respuestas oficiales de diversas entidades del Estado.
La representante Carolina Arbeláez, una de las principales voceras del grupo, explicó que el propósito del documento es facilitar la verificación del proceso de empalme y alertar sobre riesgos administrativos, presupuestales, contractuales, financieros e institucionales que podrían afectar la continuidad de la gestión pública. «El país merece conocer en qué condiciones recibe el nuevo Gobierno la administración pública. Este informe reúne hechos documentados, respuestas oficiales y actuaciones de control político que constituyen un insumo para que el proceso de empalme se adelante con total transparencia y rigor técnico», afirmó Arbeláez. Los congresistas buscan que los casos documentados sean incorporados al análisis del estado real de programas, contratos, proyectos estratégicos y contingencias que dejará la administración saliente.
Uno de los sectores más cuestionados en el informe es el Ministerio del Interior, donde se identificaron compromisos por 1,9 billones de pesos en 1.065 contratos con organizaciones indígenas entre agosto de 2022 y marzo de 2026. Según el documento, el 83% de esos recursos están concentrados en apenas cinco entidades, lo que genera interrogantes sobre la distribución y ejecución de los fondos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, las denuncias apuntan al consulado en Monterrey, México, que registró gastos por 419.498 dólares en 2025 antes de su apertura oficial en febrero de 2026, y una inversión superior a 223.000 dólares en una sede en Estambul, Turquía, que atendería a apenas 293 potenciales votantes colombianos.
Salud, educación y defensa en la mira
El sector salud presenta cifras preocupantes. En 2024, el presupuesto de inversión para el Ministerio de Salud fue de 1,87 billones de pesos, de los cuales se comprometieron 1,76 billones, se obligaron 761.899 millones y quedaron sin ejecutar 996.738 millones. Para junio de 2025, de un presupuesto de 1,93 billones, solo se obligaron 64.208 millones. Además, la EPS Sanitas debía a las IPS un total de 1,9 billones de pesos al 31 de mayo de 2026, y al menos 28 prestadores suspendieron servicios por deudas que suman 17.000 millones de pesos. En cuanto a los Equipos Básicos de Salud, se giraron 1,6 billones de pesos en 2024, pero la ejecución reportada fue de solo 317.000 millones, lo que sugiere una baja capacidad de gestión.
En el Ministerio de Educación, el informe destaca que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) acumula 14.561 procesos judiciales por sanción moratoria en cesantías hasta octubre de 2025, con pretensiones por 199.188 millones de pesos y pagos verificados que ascienden a 217.433 millones. También se reportan atrasos en los pagos de Matrícula Cero a universidades de Antioquia y la Universidad Raizal del Caribe carecía de registro, viabilidad técnica y financiera, autorización presupuestal y avance precontractual según la Dian, el Ministerio de Hacienda y la Gobernación de San Andrés. En el sector de Minas y Energía, los congresistas señalan contratos solares por 400.000 millones de pesos con la empresa Dispac, que habrían sido adjudicados mediante contratación directa con escasa concurrencia de oferentes.
Millones en condenas y helicópteros fuera de servicio en Defensa
El Ministerio de Defensa también aparece en el informe con datos alarmantes. Entre 2019 y mayo de 2025, el Estado pagó 844 condenas por un total de 1,269 billones de pesos, de los cuales 639.526 millones corresponden solo a intereses moratorios, lo que evidencia una gestión judicial deficiente. Adicionalmente, el documento revela que 10 helicópteros MI-17 se encuentran fuera de servicio en la base de Tolemaida, lo que afecta la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Un punto particularmente controvertido es el de los auxilios funerarios para militares y policías: entre 2019 y 2025 se registraron 1.219 solicitudes frente a 8.452 beneficiarios, una diferencia que el Ministerio de Defensa no ha explicado de manera satisfactoria. El ministro de Defensa, en declaraciones del 18 de septiembre de 2025, intentó justificar la cifra señalando que los auxilios de defunción no solo corresponden a fallecidos en servicio, sino también a pensionados, aunque los congresistas consideran que esa explicación no aclara la brecha numérica.
«Habla de auxilios de defunción y dice que son mayores a la cifra de militares y policías que han muerto. Sí, porque también son los auxilios que se dan a los pensionados, por ejemplo, le faltó tener en cuenta eso»
Ministro de Defensa (actual), 18 de septiembre de 2025
Agricultura, TIC y regalías: promesas incumplidas
En el Ministerio de Agricultura, la meta del gobierno de formalizar 3 millones de hectáreas para campesinos se redujo a 560.239 hectáreas, de las cuales solo 88.346,34 tienen registro definitivo en el Orip, el sistema de propiedad rural. Además, se señalan compras y adjudicaciones de predios que se traslapan con áreas protegidas en el departamento del Huila, un hallazgo que coincide con un informe preventivo de la Procuraduría emitido en 2024. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el informe destaca que 5.427.793 personas carecían de acceso a agua potable en 2024, mientras que departamentos como Chocó, Norte de Santander, Nariño y Cauca perdieron accesos fijos a internet entre 2023 y 2024, en contraste con las promesas de conectividad del gobierno.
Finalmente, en el sistema de regalías, específicamente en las convocatorias para ciencia, tecnología e innovación (CTeI) de la número 33 a la 43, se dejaron sin ejecutar 1.966.124.337.597 pesos, aproximadamente dos billones de pesos, lo que representa una falla significativa en la inversión de recursos públicos destinados al desarrollo regional. Los congresistas esperan que el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella tome estos hallazgos como base para una revisión exhaustiva de la administración que está por terminar, y advierten que muchos de los riesgos identificados podrían afectar la gestión del nuevo gobierno si no se atienden a tiempo.
