El Tribunal Superior de Pereira declaró en desacato a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, y al Consejo Directivo de la entidad por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con dos menores de 5 y 11 años cuyo paradero se desconoce desde febrero de 2025. La decisión, conocida tras una publicación de El Tiempo, obliga a la funcionaria a presentar explicaciones y pruebas en un plazo de tres días, y ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación para que adelante el respectivo análisis disciplinario.
El caso se remonta a febrero de 2025, cuando las dos niñas, hijas de Melissa Zuluaga Castro y del empresario mexicano Eduardo Javier Natividad Maqueda, salieron de Colombia presuntamente llevadas por su padre sin autorización de la madre. Una orden judicial vigente impedía separar a las menores de su madre y garantizaba el derecho de visita del padre, pero el traslado a México se habría realizado en aparente violación de esas restricciones de custodia. La madre denunció la situación y desde entonces la familia exige respuestas sobre el paradero de las niñas.
Contexto del caso y medidas judiciales
La abogada Luz Amanda Avella, representante de Zuluaga, sostiene que se trata de una presunta sustracción internacional de menores, pues el traslado se hizo sin autorización y las menores habrían pasado por otros territorios antes de llegar a México. La Fiscalía Primera Seccional de Pereira había decidido precluir la investigación por los delitos de secuestro, sustracción internacional de menores, ejercicio arbitrario de la custodia y fraude a resolución judicial, pero una tutela presentada por la defensa de la madre logró suspender la audiencia de cierre del proceso. Además, se ha discutido la existencia de alertas amarillas de Interpol para ubicar a las menores, cuya cancelación fue cuestionada por la defensa.
El Tribunal Superior de Pereira, en su resolución, solicitó a Gestión Humana del Icbf los datos de identificación de la directora Cáceres Cárdenas para individualizarla correctamente dentro de la actuación, y advirtió que la falta de cumplimiento de la orden judicial que impedía la separación de las menores de la madre y garantizaba el derecho de visita constituye el fundamento del incidente de desacato. La defensa de la madre también busca frenar cualquier decisión de custodia en México que pudiera estar sustentada en elementos cuestionables.
La posición del Icbf
El Icbf ha afirmado que ha actuado dentro de sus competencias como Autoridad Central para el Convenio de La Haya de 1980 sobre restitución internacional de menores, que informó a la madre sobre el estado del trámite y que respondió al requerimiento previo del incidente de desacato el pasado 8 de julio. La entidad señaló que no es la autoridad encargada de establecer las circunstancias del traslado ni posibles fallas en los controles migratorios, y que su labor se limita a la coordinación internacional para la restitución de menores. Mientras tanto, la familia de las niñas convocó un plantón frente al Palacio de Justicia de Pereira para exigir respuestas sobre el paradero de las menores y el avance de las investigaciones.
