El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia este fin de semana sobre lo que calificó como una inminente agresión contra la estabilidad jurídica del Pacto Histórico, luego de que el Consejo de Estado admitiera dos demandas presentadas por el estudiante de Derecho Samuel Alejandro Ortiz Mancipe. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario saliente anunció que se reunirá con la bancada de su coalición para impartir instrucciones que, según sus palabras, espera sean acatadas en los días por venir. La alerta se produce a escasos días de que Petro abandone la Presidencia y el Pacto Histórico pase a ser oposición del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, un escenario que ya genera tensiones internas y externas.
Las demandas, admitidas el 6 y 7 de julio de 2025 respectivamente, buscan anular las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que autorizaron la reforma estatutaria y la fusión por absorción del Movimiento Colombia Humana al Pacto Histórico. La primera resolución cuestionada es la 11232 del 4 de diciembre de 2025, que ordenó el registro de la modificación estatutaria aprobada en una asamblea extraordinaria de Colombia Humana celebrada el 21 de septiembre de 2025. El segundo recurso apunta contra las resoluciones 1299 y 1629 del CNE, que avalaron la fusión. Según el demandante, la asamblea que aprobó la reforma fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, una instancia que no estaba prevista en la estructura orgánica del movimiento político ni tenía competencia para citar al máximo órgano de dirección.
Las claves de la batalla jurídica
El Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, admitió a trámite la primera demanda presentada por Ortiz Mancipe, quien argumenta que los actos administrativos se expidieron con infracción de normas superiores. En su fallo, el tribunal señaló textualmente: “Admitir la demanda presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe con la cual pide anular la Resolución 11232 de 4 de diciembre de 2025 (…), proferida por el Consejo Nacional Electoral”. La revelación de estas demandas, hecha pública por la revista Semana, ha encendido las alarmas en la coalición de gobierno, que ve en peligro su personería jurídica y su capacidad de actuar como partido político en el nuevo escenario de oposición.
“Le.indico a la bancada del.Pacto que va ser agredidos en su estabilidad jurídica de nuevo, que tendré reunión con sus compromisos e impartiré instrucciones que espero sean catadas sobre los días por venir (sic)”
Gustavo Petro, presidente saliente, en su cuenta de X
El demandante, Samuel Alejandro Ortiz, es un estudiante de Derecho que ha centrado su alegato en la ilegitimidad de la convocatoria a la asamblea extraordinaria. En su demanda, sostiene que “la Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó la reforma del artículo 72 de los estatutos y, luego, ratificó la fusión fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, instancia que no estaba prevista en la estructura orgánica de Colombia Humana ni tenía competencia para citar al máximo órgano de dirección”. Este argumento, de ser acogido por el Consejo de Estado, podría invalidar todo el proceso de fusión que llevó a Colombia Humana a integrarse al Pacto Histórico, con consecuencias políticas y jurídicas de gran alcance.
En paralelo, las críticas internas dentro del Pacto Histórico se han intensificado. El senador Iván Cepeda y la dirigente Aida Quilcué han sido señalados por aceptar credenciales como congresistas de oposición, pese a no reconocer el resultado de las elecciones del 21 de junio. Cepeda, en particular, ha insistido en manejar la desobediencia civil ante el nuevo mandatario, a quien acusa de intentar violar la Constitución y los derechos fundamentales. Esta postura ha generado divisiones en la coalición, justo en el momento en que enfrenta una ofensiva judicial que podría definir su futuro político.
