La concejala del Pacto Histórico en Bogotá, Heidy Sánchez, denunció la realización de un entrenamiento de tipo paramilitar en las instalaciones de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel, el pasado 29 de junio de 2026. Según la denuncia, el grupo autodenominado “Night Crawler” habría llevado a cabo prácticas con armas largas, pasamontañas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, como parte de una presunta red de reclutamiento de mercenarios para combatir en la guerra de Ucrania. La concejala señaló que la directiva de la junta comunal habría permitido el uso del espacio público para estas actividades.
De acuerdo con la información recopilada por Sánchez, el grupo “Night Crawler” publicó convocatorias abiertas en redes sociales para captar personas con experiencia militar, pasaporte vigente, buen estado de salud mental y disponibilidad de seis meses. A cambio, ofrecían vuelos pagos y contratos para “operaciones de despeje de trincheras” que se desarrollarían bajo la denominada “128° brigada de asalto ucraniana”. La convocatoria, reproducida textualmente por la concejala, afirmaba que “todo va con firma de contrato, nada es obligado, todo depende de la voluntad de quien desee ir”. Los sueldos ofrecidos, de hasta 6.000 dólares mensuales, operaban como anzuelo principal para personas desempleadas, según la alerta de la ONU que ya había advertido sobre el reclutamiento de más de 10.000 colombianos en la última década por redes criminales bajo falsas promesas de empleo en seguridad privada en Rusia, Ucrania o Sudán.
“Bogotá no puede convertirse en un centro de captación y entrenamiento de mercenarios”, advirtió Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico.
Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico en Bogotá
Investigación en curso y advertencias internacionales
La denuncia de Sánchez se suma a una serie de alertas internacionales que ya han señalado el creciente fenómeno de reclutamiento de colombianos por parte de redes criminales. La ONU ha documentado que, una vez en el destino, los reclutados son a menudo obligados a firmar contratos de combate bajo coacción. Frente a este panorama, la concejala solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen el alcance de estas actividades, tanto por el entrenamiento ilegal como por la red de captación y explotación con fines de mercenarismo internacional. Asimismo, pidió a la administración distrital y al Instituto de Desarrollo Urbano (Idpac) que verifiquen la legalidad de destinar espacios públicos, como las juntas de acción comunal, para entrenamientos militares.
En Colombia, la única entidad autorizada para el reclutamiento militar es el Comando de Reclutamiento y Control Reservas (Corec) del Ejército Nacional. Cualquier otra convocatoria, como la realizada por “Night Crawler”, configura delitos como reclutamiento forzado, mercenarismo o concierto para delinquir. La concejala vinculó además la normalización de estas redes a las recientes declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella, quien ha reivindicado el paramilitarismo y anunciado la creación de “bloques de defensa para la seguridad urbana”, un discurso que, según Sánchez, allana el terreno para la operación de grupos ilegales que aprovechan la vulnerabilidad económica de miles de colombianos para enrolarlos en conflictos armados internacionales.
