El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas. La decisión, conocida el jueves 16 de julio, fue adoptada al admitir una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Sady Andrés Orjuela Bernal, y ha generado el inmediato rechazo del senador Iván Cepeda, quien defendía la medida como un paso hacia la equidad salarial en el Congreso.
La prima especial eliminada ascendía a 7.898.445 pesos mensuales, un valor reajustable cada año desde su creación en 2013, y su supresión implicaba una reducción salarial de entre 17 y 22 millones de pesos para los aproximadamente 296 miembros del Congreso afectados. El decreto original establecía que la eliminación solo aplicaba para los congresistas posesionados a partir del 20 de julio de 2026, pero la demanda argumentó que generaba una discriminación injustificada entre funcionarios con las mismas funciones y afectaba la independencia y autonomía judicial, al estar indexados los salarios de jueces y fiscales a los de los legisladores.
Las razones del alto tribunal
El Consejo de Estado fundamentó su suspensión cautelar en la Ley 270 de 1996, que establece la importancia de una remuneración adecuada y proporcional para el servicio público. El tribunal consideró que el decreto podía fracturar el principio de igualdad salarial, generar desequilibrios institucionales al arrastrar los salarios de otros servidores públicos y carecía de una justificación material suficiente para un trato salarial distinto entre servidores equivalentes. La Procuraduría General de la Nación apoyó la suspensión provisional, alertando sobre el riesgo de litigios si se consolidaban recortes sin fundamento claro, mientras que el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Presidencia de la República defendieron la legalidad del decreto basándose en criterios de sostenibilidad fiscal, austeridad y equidad.
«Se debe acabar la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas. Como lo dispuso el presidente Petro, ese dinero debe ir al gasto social. No aceptaremos ningún retroceso en esta materia. El salario de congresistas debe reducirse sustancialmente».
Iván Cepeda, senador
El senador Cepeda, quien asumirá la curul asignada por el Estatuto de Oposición, había intentado previamente sin éxito liderar una iniciativa legislativa para reducir los salarios de los congresistas. La suspensión provisional del decreto no implica una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, ya que la demanda de nulidad sigue su curso en el Consejo de Estado, que deberá pronunciarse más adelante sobre la legalidad de la medida del Gobierno Petro.
