En una carta abierta difundida el pasado 16 de julio a través de Blu Radio, un grupo de excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 se dirigió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para solicitarle un diálogo directo y garantías frente a la implementación del acuerdo. La misiva, firmada por figuras como Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo —todos integrantes del último secretariado de la extinta guerrilla—, así como por la defensora de derechos humanos Enith Moreno Úsuga y la hija de un excombatiente, Jhoany Perea Cuesta, surge como respuesta a las declaraciones del mandatario electo en las que ha criticado la salida del país de Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», y ha manifestado su intención de poner fin a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anular el Acuerdo de Paz.
Enith Moreno Úsuga, quien actualmente trabaja en labores del campo y en procesos de defensa de derechos humanos, fue una de las voces más destacadas en la carta. «Desde los territorios rurales hemos aprendido que la paz no es únicamente el silencio de las armas; es también la presencia efectiva del Estado, el acceso a la tierra, la educación, la salud, la justicia, el trabajo digno y las oportunidades para quienes históricamente hemos sido olvidados», afirmó. La firmante también hizo un llamado directo al presidente electo: «Señor presidente electo, gobernar Colombia exige escuchar todas las voces, incluso aquellas que piensan diferente. La grandeza de un gobierno se mide por su capacidad de unir a la nación, proteger los derechos fundamentales y generar confianza entre sus ciudadanos».
La sombra de los asesinatos y la incertidumbre
La carta se produce en un contexto de máxima alerta entre los firmantes de paz. Según datos oficiales, entre 2016 y junio de 2024, al menos 421 excombatientes han sido asesinados en Colombia, una cifra que evidencia la fragilidad de la implementación del acuerdo. La postura de De la Espriella, que ha prometido terminar con la JEP y anular el pacto firmado en noviembre de 2016, ha generado un profundo malestar entre quienes depositaron sus esperanzas en el proceso de reintegración. Los firmantes insisten en que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales frente al Acuerdo, y que cualquier intento de desconocerlo pondría en riesgo la vida de centenares de personas que optaron por la vía pacífica.
Jhoany Perea Cuesta, hija del excombatiente Erics Córdoba Pérez, describió en la carta la transformación que la reintegración trajo a su familia. «Recuerdo cuando mi padre decidió dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Fue un momento de incertidumbre, pero también de esperanza. Gracias a las asignaciones de pagos que él ha recibido, pudimos empezar a reconstruir nuestra vida. La ayuda económica nos permitió cubrir necesidades básicas y planificar un futuro más estable, pero más allá de todo esto, nos dio la oportunidad de recuperar nuestra dignidad y autoestima», relató. Perea Cuesta se identificó como parte de los «firmantes de a pie», alejados de los excomandantes del secretariado, para subrayar que la angustia no es exclusiva de las dirigencias.
«Con llanto en mis ojos veo cómo nuestro país se desmorona. Me despido con un gran inconformismo, no solo por los míos, sino por todos los que creímos en los mandatos de Timo. Hoy somos perseguidos como si no hubiéramos cumplido con nuestros deberes como firmantes. Solo pedimos que se dialogue y no se nos trate como a quienes siguen armados.»
Excombatiente anónimo, citado en la carta
El testimonio de otro excombatiente, que ingresó a la guerrilla siendo menor de edad por motivos económicos, refleja la desesperanza que cunde entre quienes han cumplido con su parte del acuerdo. A pesar de ello, los firmantes reiteran en la carta su disposición a dialogar, sin importar las diferencias políticas, y advierten que la paz no es solo un asunto de desarme, sino de justicia social y presencia estatal en los territorios. La grandeza de un gobierno, como señaló Enith Moreno, se mide por su capacidad de unir a la nación y proteger los derechos fundamentales. Ahora, la pelota está en el tejado de Abelardo de la Espriella.
