La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó formalmente a las autoridades de Estados Unidos una investigación “independiente, imparcial, exhaustiva y transparente” sobre la muerte del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026. El anuncio fue realizado por la institución a través de su cuenta en la red social X el viernes 17 de julio, sumándose a las gestiones que ya adelantan la Cancillería colombiana y la Embajada de Colombia en Estados Unidos.
En su comunicado público, la Defensoría expresó su solidaridad con los familiares y allegados de Durán Guerrero y demandó que las pesquisas se adelanten con pleno respeto de las garantías procesales y los derechos de los deudos. “Solicitamos a las autoridades competentes de los Estados Unidos que adelanten una investigación pronta, independiente, imparcial, exhaustiva y transparente que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que falleció Joan Sebastián y establecer las responsabilidades a que haya lugar”, señaló el organismo de derechos humanos.
Gestión consular y contexto del caso
La Defensoría del Pueblo confirmó que la Cancillería de Colombia le informó sobre las acciones que viene desarrollando la red consular colombiana en Estados Unidos. Según esa información, los funcionarios consulares realizan gestiones ante las autoridades estadounidenses para obtener información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento y el avance de las investigaciones, además de brindar asistencia y acompañamiento a la familia de la víctima. Previamente, la Embajada de Colombia en Washington había enviado una nota formal al gobierno norteamericano solicitando detalles del operativo en el que un agente de ICE impactó de bala a Durán Guerrero. El presidente Gustavo Petro también se ha pronunciado sobre el caso, en el que un migrante colombiano perdió la vida en medio de una actuación de la agencia migratoria estadounidense.
“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y seres queridos”
Defensoría del Pueblo de Colombia, comunicado del 17 de julio de 2026
La Defensoría del Pueblo afirmó que continuará el seguimiento de este caso amparada en el artículo 282, numeral 1, de la Constitución Política de Colombia de 1991, que le asigna funciones en la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. La institución reafirmó así su compromiso con la protección de los colombianos en el exterior, especialmente en situaciones que involucran a agentes de otros Estados. El hecho, ocurrido en una calle de Biddeford, Maine, ha generado preocupación en el gobierno colombiano y en organizaciones de derechos humanos, que esperan que las autoridades estadounidenses esclarezcan por completo las circunstancias del operativo y determinen las responsabilidades correspondientes.
