El cerro de Monserrate, uno de los íconos turísticos de Bogotá, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que el creador de contenido Donovan Brito denunciara públicamente haber pagado 630.000 pesos por un almuerzo familiar en uno de sus restaurantes. A través de un video publicado el pasado 15 de junio en plataformas como YouTube Shorts y TikTok, Brito relató la experiencia que vivió al llevar a su familia de vacaciones al emblemático lugar. «Me robaron en Monserrate y esto es una denuncia pública porque fue un robo diferente. Mi familia vino de vacaciones y los llevé a Monserrate. Fuimos a almorzar y la cuenta fue por $630.000; no preguntamos precios y ese fue el fatídico error», afirmó el influencer, cuyo testimonio ha reavivado el debate sobre los costos en zonas de alta afluencia turística.
Brito detalló que al ingresar al establecimiento no revisó la carta de precios, un error que, según admitió, resultó costoso. El desglose de la cuenta reveló valores que consideró desbordados para platos tradicionales y no gourmet: un jugo de mango a 20.000 pesos, una botella de agua a 10.000 pesos, una bandeja paisa en 80.000 pesos, una mojarra a 90.000 pesos, dos pechugas de pollo por 160.000 pesos y una picada por 50.000 pesos. «No pedimos cosas exóticas, fue una pechuga, un ajiaco, todo muy normal», aseguró el creador de contenido, quien comparó el precio de la mojarra con el que se cobra en Cartagena, ciudad conocida por sus altos costos turísticos. «No tenían nada del otro mundo», sentenció.
Un clamor por la regulación de precios
La denuncia de Brito no es un caso aislado. Semanas antes, la también creadora de contenido Ana reportó en TikTok que en su primera visita a Monserrate pagó 40.000 pesos por dos almojábanas y dos tajadas de queso, describiendo la experiencia como «muy duro» y calificando el sitio como «discoteca cero recomendada». Estos testimonios han reabierto un viejo debate en Colombia: la libertad de precios frente a la percepción de abuso en zonas turísticas. Mientras los usuarios en redes sociales reportan otros cobros elevados —como 180.000 pesos por dos ajiacos o 45.000 y 60.000 pesos por productos individuales—, Brito fue enfático en su llamado: «Me parecen descabellados precios como estos (…). Deberían regular los precios en cada uno de los restaurantes, que cobren precios justos».
Sin embargo, el marco legal en Colombia otorga un amplio margen a los comerciantes. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece que los establecimientos pueden fijar sus tarifas según costos, ubicación e infraestructura, siempre que los precios estén visibles para el público. Esto significa que, aunque la denuncia de Brito ha generado indignación y debate, no constituye por sí misma una sanción ni una conclusión judicial. Hasta el cierre de esta edición, no se conoce un pronunciamiento oficial del restaurante involucrado ni de la administración de Monserrate, mientras los comentarios de los usuarios en redes continúan divididos entre quienes piden regulación y quienes recuerdan la importancia de revisar los precios antes de consumir.
