La defensa del senador electo Wadith Manzur, del Partido Conservador, radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una solicitud formal para que se le autorice posesionarse el próximo 20 de julio de 2026, fecha en la que inicia el periodo legislativo 2026-2030. La petición, presentada el pasado 17 de julio, se da en medio de la privación de libertad que enfrenta el congresista electo, quien fue capturado por orden del alto tribunal por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). A esto se suma que el mismo equipo jurídico, conformado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, ha anunciado que acudirá a organismos internacionales de derechos humanos y a la Unión Interparlamentaria para que evalúen si las decisiones judiciales colombianas se ajustan a estándares internacionales.
Manzur fue elegido con más de 134.000 votos, pero su investidura está en vilo debido al proceso judicial que se sigue en su contra por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación de la Corte Suprema señala que el entonces representante a la Cámara habría condicionado su apoyo legislativo a la asignación de contratos millonarios en sus regiones, dentro de la trama que involucra a la Ungrd durante el Gobierno de Gustavo Petro. En el mismo proceso también figura Karen Manrique, representante electa por la circunscripción de paz de Arauca, a quien se le imputa la gestión de más de 90.000 millones de pesos en contratos para obras en Arauca, Córdoba y Bolívar. De los seis investigados por este caso, solo a Manzur y a Manrique se les aplicó la medida de privación de la libertad, un hecho que la defensa ha calificado como desproporcionado frente al resto de procesados.
Los argumentos de la defensa y la figura de la silla vacía
La defensa ha sostenido que la captura se ordenó en una coyuntura electoral y que la diferencia en el trato procesal entre los seis investigados exige un análisis bajo los principios de igualdad y proporcionalidad. Con la solicitud presentada ante la Sala Especial de Primera Instancia, buscan revertir la imposibilidad de posesión que pesa sobre Manzur y Manrique, pues la legislación colombiana contempla la figura de la “silla vacía”, que impide reemplazar a congresistas que enfrentan investigaciones o condenas por delitos contra los recursos públicos. De no lograrse la autorización judicial, tanto el Partido Conservador como la circunscripción de paz por Arauca perderían temporalmente su representación en el Congreso.
El anuncio de acudir a instancias internacionales representa un paso adicional en la estrategia del equipo legal, que busca que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria evalúen la compatibilidad de las decisiones de la justicia colombiana con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras tanto, la defensa insiste en que, pese a la gravedad de las acusaciones, tanto Manzur como Manrique mantienen su presunción de inocencia y confían en que podrán asumir sus curules el 20 de julio, respaldados por el voto popular que los llevó al Congreso.
