En un inusual movimiento que escaló el pulso entre el Congreso y el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa solicitó a la Procuraduría General de la Nación una actuación preventiva contra el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. La cartera de defensa argumenta que el volumen y la complejidad de las solicitudes de control político presentadas por el congresista, seis derechos de petición que acumulan cerca de 1.360 preguntas en menos de dos semanas, generan una presión administrativa excesiva y ponen en riesgo la continuidad de funciones esenciales del sector. El oficio de la Secretaría de Gabinete del Ministerio, dirigido al ente de control, pide evaluar si el uso de estos mecanismos es desproporcionado y afecta la operatividad institucional.
Las solicitudes de Uscátegui, presentadas entre el 3 y el 14 de julio de 2026, fueron invocadas de manera simultánea bajo el Estatuto de la Oposición y la Ley Quinta de 1992. Inicialmente, el congresista radicó dos derechos de petición con 260 preguntas, a los que se sumaron otros cuatro escritos que dispararon la cifra total. Para coordinar las respuestas, el Ministerio debió emitir 51 oficios internos e involucrar a 18 entidades descentralizadas del sector Defensa. La denuncia del congresista, presentada el 16 de julio, fue respondida parcialmente por la cartera, que además argumentó que el estatuto de la oposición no aplica en este caso, lo que llevó a Uscátegui a anunciar acciones legales.
El contraataque del Ministerio y el riesgo para los funcionarios
La respuesta del Ministerio de Defensa no se limitó a la negativa parcial. Al solicitar la intervención de la Procuraduría, la cartera busca que se emitan advertencias preventivas sobre la proporcionalidad de las solicitudes. En el oficio se advierte que la imposibilidad de responder en los plazos exigidos, de apenas cinco días, puede exponer a los funcionarios a denuncias disciplinarias y afectar la protección de información reservada o clasificada. Además, se subraya que muchas preguntas eran reiterativas o incluían requerimientos metodológicos estrictos, como evitar la agrupación de respuestas o exigir una motivación documental específica por cada archivo, lo que complica aún más la gestión.
El trasfondo de la controversia está marcado por las críticas de Uscátegui a la asignación de recursos en el sector defensa, en particular al contrato del Escudo Nacional Antidrones, por un valor de 800.000 millones de pesos. El congresista pidió su suspensión y cuestionó la aprobación de 13 billones de pesos en vigencias futuras por parte del Confis para el sector. Ahora, mientras Uscátegui insiste en su derecho a ejercer control político, el Ministerio contraataca con una jugada que podría sentar un precedente sobre los límites de la fiscalización parlamentaria en Colombia.
