Tres nuevas denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control ponen en la mira al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por presuntas irregularidades en la gestión de proyectos del Ocad Paz, el órgano encargado de administrar billonarios recursos del Sistema General de Regalías destinados a territorios afectados por el conflicto armado. Las acusaciones, radicadas en las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro, señalan a Diana Margarita López Riaño, subdirectora de Gestión de Proyectos del DNP, junto con otros funcionarios, contratistas e intermediarios, de implementar bloqueos administrativos, retrasos injustificados y exigencias de pagos indebidos para destrabar trámites de proyectos de inversión en municipios priorizados como Nariño y Putumayo.
Las denuncias, presentadas por las veedurías Protectores de la Paz, Red Ciudadana de Control a las Regalías, Guardianes de las Regalías, Veeduría por la Transparencia de las Regalías y Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, describen un presunto esquema sistemático que incluye devoluciones reiteradas de documentos, fallas tecnológicas y obstáculos en la viabilidad de los proyectos. Según los denunciantes, estas prácticas derivarían en insinuaciones de «otros métodos» donde los pagos privados reemplazarían el cumplimiento legal para agilizar los trámites, configurando lo que denominan un «mercado clandestino de viabilidades». La hipótesis central es que la subdirectora López Riaño y su equipo estarían bloqueando proyectos para presionar a alcaldes y gobernadores, en una posible comisión de delitos como concusión y tráfico de influencias.
Proyectos señalados y cifras millonarias
Entre los proyectos afectados se encuentra la rehabilitación y pavimentación de vías en Ricaurte (Nariño), con un presupuesto de 5.100 millones de pesos, donde se detectaron sobrecostos alarmantes: la subbase granular clase C supera en un 248% el precio de referencia, mientras que la mezcla asfáltica MDC-19 está un 234% por encima. También figura un proyecto de vivienda para comunidades étnicas en Orito (Putumayo) por 7.500 millones de pesos, y otro de sistemas productivos en el mismo departamento que, según las denuncias, nacería con más del 52% de desfinanciación debido a errores de presupuestación. La primera denuncia pública, impulsada por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, hizo referencia a un proyecto de 62.797 millones de pesos para cadenas de cacao y coco en el Pacífico.
El contexto de estas acusaciones es particularmente sensible porque la tercera convocatoria del Ocad Paz, correspondiente al periodo 2025-2026, cuenta con una disponibilidad presupuestal de 6,6 billones de pesos. Este monto, destinado a financiar iniciativas en las zonas más golpeadas por la violencia, queda ahora bajo la sombra de la sospecha. Las veedurías radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra Diana Margarita López Riaño, mientras que los organismos de control tienen la responsabilidad de determinar las faltas y sanciones correspondientes. En un escenario donde la transparencia en la administración de los recursos de la paz es clave, estas denuncias ponen en entredicho la gestión del DNP y exigen respuestas urgentes para garantizar que los billonarios fondos lleguen a las comunidades que más los necesitan.
