El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitó formalmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el aplazamiento de la segunda jornada de la mesa de trabajo y fase de concertación para la delimitación participativa del Páramo de Santurbán, prevista para el 18 de julio de 2024 en Bucaramanga. Mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, el mandatario argumentó que el tiempo de convocatoria resulta insuficiente para que las comunidades y las entidades territoriales estudien a fondo asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental, y pidió garantizar mejores condiciones de participación ciudadana y coordinación institucional.
La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se adelanta en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó un proceso con participación amplia e informada de todos los actores involucrados. Este ecosistema estratégico es vital para el abastecimiento de agua de millones de habitantes en Santander y Norte de Santander, y su definición ha intensificado el debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y las comunidades de la provincia de Soto Norte.
Propuesta de metodología conjunta
Como alternativa al aplazamiento, la Gobernación de Santander propuso convocar una reunión preparatoria en la que se acuerde de forma conjunta la metodología y el cronograma del proceso, se socialice la información disponible con las comunidades y se fortalezca la pedagogía antes de la concertación definitiva. Díaz Mateus planteó que la metodología sea construida entre el Ministerio, la Gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los temas que requieren mayor análisis, según la administración departamental, figuran la delimitación misma del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional. El gobernador calificó la delimitación como “una decisión de alta trascendencia jurídica, ambiental, económica y social”, por lo que insistió en la necesidad de definir previamente una metodología participativa que garantice un debate informado y transparente.
