La Contraloría General de la República encendió las alarmas al presentar un balance crítico sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en el marco del décimo aniversario de su firma. Durante un congreso internacional que evaluó los avances y rezagos del proceso, el ente de control advirtió que los retrasos en la entrega y formalización de tierras amenazan seriamente el corazón de la Reforma Rural Integral. De acuerdo con el informe, si se mantiene el ritmo actual de ejecución, el Estado tardaría aproximadamente 47 años en cumplir la meta establecida para el Fondo de Tierras.
Las cifras revelan una profunda brecha entre lo pactado y lo ejecutado. De las tres millones de hectáreas prometidas para el Fondo de Tierras, apenas se han adjudicado 107.099 hectáreas. En lo que respecta a la formalización de la propiedad, que tenía una meta de siete millones de hectáreas, solo se han legalizado 3,25 millones, es decir, un 46 por ciento del total. Este escenario cobra una dimensión humana abrumadora si se tiene en cuenta que Colombia registra más de 10 millones 370 mil víctimas del conflicto armado, una cifra que, según se recordó en el congreso, demandaría más de 19 años si se dedicara un minuto de silencio por cada una.
La demora en las entregas se agrava por la inseguridad jurídica que enfrentan los campesinos beneficiarios. El informe de la Contraloría destaca que el 56,5 por ciento de los predios entregados no ha sido registrado ante las oficinas de instrumentos públicos, dejando a las familias en un limbo legal. Además, la sostenibilidad de la reforma está seriamente comprometida por la carencia de apoyos complementarios: apenas el dos por ciento de los beneficiarios recibe asistencia técnica, menos del uno por ciento cuenta con proyectos productivos integrales (PIDAR) y solo el 6,11 por ciento ha logrado acceder a créditos y seguros. Este panorama contrasta con los recursos disponibles, que entre 2023 y 2025 superaron los 8,2 billones de pesos para la entrega de 282.900 hectáreas, lo que evidencia una gestión ineficiente de los dineros destinados a la paz.
La Contraloría también puso bajo la lupa el funcionamiento del OCAD Paz, el mecanismo encargado de aprobar los proyectos financiados con los recursos del Acuerdo. Los hallazgos indican una alarmante concentración del gasto en sectores tradicionales de infraestructura, desvirtuando el propósito del componente rural del pacto. De los 14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos, el 91 por ciento se ha concentrado en apenas cuatro sectores. El rubro de transporte, por sí solo, recibió 6,45 billones de pesos, lo que equivale a más del 40 por ciento del total, en detrimento de inversiones estratégicas en salud rural, educación y reactivación económica para las comunidades campesinas.
Pese a las duras críticas, el balance del decenio también dejó espacio para resaltar avances significativos. Se destacó la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y el Acto Legislativo 01 de 2025, que eleva la alimentación a derecho humano fundamental. En los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la pobreza multidimensional se redujo del 39,8 por ciento en 2018 al 24,4 por ciento en 2024, al tiempo que se impulsaron más de 21.861 iniciativas locales con la participación de más de 200 mil ciudadanos. En conectividad rural, el cien por ciento de las cabeceras municipales PDET cuentan con redes de alta velocidad, el acceso a internet en hogares rurales pasó del 41 al 56 por ciento y se instalaron centros digitales en 14 mil escuelas.
La justicia transicional también reportó hitos relevantes. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sus primeras sanciones propias y emitió el primer fallo por secuestro contra el antiguo secretariado de las extintas Farc, además de reconocer a más de cuatro mil personas desaparecidas. En el frente de la reincorporación, más del 85 por ciento de los antiguos combatientes, alrededor de 12 mil firmantes, permanecen en el proceso. Asimismo, se han consolidado instrumentos políticos como el Estatuto de la Oposición y las 16 circunscripciones de paz, diseñadas para garantizar la representación de las víctimas y las regiones más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, la advertencia de la Contraloría es contundente: el alma del Acuerdo, la Reforma Rural Integral, avanza a un ritmo que no logra materializar la promesa de transformación territorial. La proyección que indica que se necesitarían 47 años para completar la meta de tierras, sumada a la desviación de los recursos del OCAD Paz hacia obras de infraestructura convencional, pone en riesgo la credibilidad del proceso y la construcción de una paz estable y duradera en las regiones que alguna vez fueron el epicentro del conflicto. A una década de la firma, el desafío sigue siendo hacer que la paz llegue con hechos concretos a la Colombia rural.
